Los afectados son John Philip Elkann, actual presidente del gigante del motor Stellantis y consejero delegado de Exor, la sociedad de cartera de los Agnelli, y sus hermanos Lapo Edovard y Ginevra, así como el presidente del club de fútbol Juventus, Gianluca Ferrero, y el notario suizo Urs Robert von Grünigen.
El embargo "preventivo" es consecuencia de la acusación de los delitos de fraude fiscal y estafa en agravio al Estado, según un comunicado de la Fiscalía.
La acción judicial se enmarca en una batalla legal millonaria que enfrenta a la hija y heredera de Gianni Agnelli y Marella Caracciolo, Margherita Agnelli, con los tres hijos -John, Lapo y Ginevra Elkann- que tuvo con el periodista Alain Elkann.
La madre aceptó un primer acuerdo en 2004 por 1.300 millones de euros pero luego lo impugnó, iniciando un pulso con sus hijos. Recientemente había presentado una denuncia por la que la policía registró las oficinas de John Elkann el pasado febrero.
La investigación del fiscal de Turín, Giovanni Bombardieri, ha demostrado, con "una considerable cantidad de documentación contable y extracontable y de tipo informático", la posibilidad de que se haya incurrido en los delitos de fraude fiscal y perjuicio al Estado.
En concreto, señala el auto, las pesquisas apuntan a que la madre Marella Agnelli, fallecida en 2019, "tuvo residencia estable en Italia por lo menos desde 2010" y no en Suiza, por lo que el reparto legal de su herencia no debía seguir la ley helvética.
La acusación sostiene "la existencia de un esquema criminal dirigido a substraer su ingente patrimonio y sus relativos beneficios a la legislación de sucesiones italiana".
Los investigadores han desvelado la presunta "existencia de una estrategia concreta" con la que simulaban la residencia suiza de la viuda Agnelli hasta su fallecimiento.
La Fiscalía cree que Marella Caracciolo residía en Italia y, por ello, ha cuantificado las cantidades no declaradas al fisco, empezando por 42,8 millones de euros de la evasión del Impuesto sobre la Renta (IRPF) y otros 32 millones por eludir el impuesto de sucesiones y donaciones sobre un total de 800 millones de euros.