La decisión confirmó un fallo anterior de un tribunal keniano que en abril de 2023 dictaminó que Meta podría enfrentarse a un juicio por los despidos de los moderadores, si bien apeló contra ese fallo.
Meta había puesto en cuestión la jurisdicción de la Justicia keniana para juzgar el caso.
El Tribunal de Apelación también confirmó una sentencia separada de febrero de 2023 según la cual Meta podía ser demandada en Kenia por presuntas malas condiciones laborales, en respuesta a una denuncia de otro exmoderador de contenido de Facebook, el sudafricano Daniel Motaung.
"Esta es una decisión importante. La demanda de Meta en Kenia es una llamada de atención para que todas las grandes empresas tecnológicas presten atención a las violaciones de derechos humanos que se producen a lo largo de sus cadenas de valor", afirmó este viernes en un comunicado Mercy Mutemi, abogada de los 185 exmoderadores de contenido.
"También es un gran paso para garantizar que las grandes empresas tecnológicas ya no se construyan sobre las espaldas rotas de los jóvenes africanos", agregó Mutemi.
EFE intentó contactar con el equipo legal de Meta, pero no recibió respuesta.
Los 185 litigantes acusan a Meta y a la empresa de subcontratación Samasource Kenya EPZ (Sama), una compañía radicada en Kenia, por discriminación y violación de sus derechos.
Aseguran que perdieron sus trabajos como moderadores de contenidos de la red social por crear un sindicato el pasado enero.
Este no es el único litigio al que se enfrenta Meta en África: el 14 de diciembre de 2022, tres litigantes presentaron en Nairobi una demanda por valor de cerca de 2.000 millones de euros contra la empresa en relación con el papel de Facebook en la propagación de violencia y discurso en África.
Asimismo, tanto Meta como Sama están en el centro de otra denuncia en la que un antiguo moderador de contenido sudafricano que trabajó en Kenia, Daniel Motaung, les acusa de explotación y malas condiciones de trabajo.
Según Motaung, los moderadores de contenido de Facebook no sólo trabajaban por salarios muy bajos y no se les permitía sindicarse, sino que se veían obligados a supervisar durante horas "contenido espantoso, como decapitaciones, torturas y violaciones", lo que llevó a muchos a sufrir trastornos por estrés postraumático.