El juez Alexandre de Moraes, del Supremo, rechazó la explicación dada por la empresa de Elon Musk y anunció que le aplicará una multa de cinco millones de reales (unos 925.000 dólares) por cada día que X permanezca accesible en Brasil, una medida que hizo extensiva a Starlink, proveedora de internet que también es propiedad del magnate sudafricano.
Moraes se apoyó en una investigación de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), según la cual X se valió de una maniobra técnica "con la intención deliberada de incumplir" la decisión judicial que suspendió sus operaciones.
En un comunicado publicado anoche por la cuenta corporativa de X, la red social explicó que hizo un cambio de proveedor para dar mejor servicio a sus usuarios latinoamericanos.
Tras ese cambio de proveedor, realizado el miércoles, la plataforma usa IP dinámicas que cambian en todo momento, por lo que es muy difícil bloquear su acceso, según explicó la patronal de proveedores de internet Abrint y confirmó la Anatel.
Como resultado, el servicio de X es accesible para los usuarios que son clientes de proveedores de internet pequeños, mientras que las grandes operadoras, como Vivo o Claro, siguen bloqueando el acceso.
X aseguró que está trabajando para volver a estar accesible para los usuarios brasileños.
"Aunque esperamos que la plataforma vuelva a estar inaccesible en breve, seguimos esforzándonos por trabajar con el Gobierno brasileño para que vuelva muy pronto para la gente de Brasil", agregó la nota publicada en la cuenta Global Government Affairs de X.
El servicio de X está bloqueado en Brasil por orden del Supremo desde el pasado 31 de agosto, por el incumplimiento de órdenes judiciales y por la decisión de Musk de retirar el representante legal en el país.
La decisión, tomada por el juez de Moraes y ratificada por la primera sala del alto tribunal, también impone multas diarias de 50.000 reales (unos 10.000 dólares) a cualquier persona que acceda a la plataforma usando subterfugios, tales como servicios VPN.
El caso contra X se circunscribe en una causa más amplia que investiga la diseminación de noticias falsas en las redes sociales, en la cual figura como investigado el magnate sudafricano.