Estas son las cinco claves del polémico proceso para elegir a los próximos integrantes de la Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones para el periodo 2024-2029 y que se ha convertido en una batalla por rescatar o mantener cooptado al Organismo Judicial de Guatemala.
1. El proceso de elección
El proceso de elección de magistrados del Supremo es responsabilidad de una comisión, que está integrada por cinco magistrados actuales, los decanos de derecho de las universidades acreditadas en el país, así como por representantes del Colegio de Abogados de Guatemala (Cang).
Esta comisión recibe los expedientes de quienes se postulan para los cargos, los califica según sus capacidades e idoneidad para conformar una lista de 26 candidatos de los cuales 13 serán nombrados como magistrados titulares de la Corte Suprema de Justicia por los diputados del Congreso. Además, la comisión debe nominar a 315 abogados para los más de 200 puestos disponibles para ser uno de los magistrados de salas de Apelaciones.
Este fin de semana, los comisionados deben terminar de calificar a los aspirantes para poder conformar la lista de candidatos, entregarla al Congreso y poder elegir a los nuevos magistrados antes del 16 de octubre, día en el que vence el periodo de las actuales autoridades del Organismo Judicial.
2. Una historia de amaños
En 2019, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), acusó penalmente a una serie de magistrados, jueces y operadores políticos externos de crear un mecanismo de sobornos y estrategias políticas para amañar el proceso y así interferir en la lista de candidatos que sería enviada al Congreso.
La investigación identificó al abogado y empresario Roberto López Villatoro como el operador político encargado de hacer funcionar la estructura paralela que decidía la elección de magistrados.
Debido a esta situación, la elección de cortes se congeló en el Congreso durante cuatro años, dejando en un limbo la renovación del Sistema Judicial y permitiendo a magistrados señalados de actos de corrupción mantenerse en sus cargos.
3. Candidatos cuestionables
Esta semana, las organizaciones sociales que monitorean el proceso de elección denunciaron que la comisión de postulación está otorgando puntajes altos a actores señalados de corrupción, abriendo la posibilidad de que ocupen un puesto en las cortes.
El fiscal Rafael Curruchiche del Ministerio Público, señalado internacionalmente de haber intentado anular los resultados electorales en 2023, recibió una puntuación de 78 qué le permitirá entrar a la lista final para un puesto en salas de Apelaciones.
Además, una serie de jueces sancionados por Estados Unidos por fallos parcializados contra periodistas y fiscales anticorrupción recibieron notas altas y también podrán ser electos como magistrados.
4. Observación internacional
Una misión de la OEA que ha permanecido observando el proceso volvió a Guatemala para presentar este miércoles un informe preliminar sobre las incidencias de la elección.
Rossana Celorio, Rodolfo Piza y Luís Marrey son los enviados por OEA para presenciar este sábado próximo la votación definitiva de las comisiones de postulación.
5. Exilio y persecución
Bajo el actual funcionamiento de las cortes, decenas de periodistas, jueces y fiscales que llevaban casos de alto impacto han sido procesados, algunos enviados a prisión y otros obligados a exiliarse.
El periodista José Rubén Zamora fue apresado en julio de 2022 luego de lanzar fuertes críticas contra el entonces presidente, Alejandro Giammattei, y ahora el juez Jimmy Bremer, acusado de retardar el proceso contra Zamora, busca ser electo como magistrado de sala.
El pasado martes, el presidente Bernardo Arévalo pidió a las Comisiones de Postulación actuar con transparencia y aseguró que el país está en un “momento crítico” y el resultado de esta elección será determinante.