El Ejecutivo de Dublín, de coalición entre democristianos, centristas y verdes, indicó en un comunicado que toma nota de la decisión adoptada hoy por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y que la considerará en detalle cuando tenga acceso a la totalidad de su contenido.
"El TJUE ha determinado que los impuestos pagados eran insuficientes y que era necesario recuperar una cantidad mayor de impuestos. Irlanda, por supuesto, respetará las conclusiones del Tribunal sobre los impuestos adeudados en este caso", expuso el Gobierno en la nota.
El Ejecutivo avanzó que, con la conclusión de este asunto, pone en marcha ahora el proceso de transferencia "de los activos del Fondo de Garantía", en el que están depositadas las cantidades adeudadas, al Estado irlandés.
Asimismo, recordó que este caso solo tiene ahora una "relevancia histórica", ya que los argumentos de la hacienda irlandesa al respecto se remontan al periodo de entre 1991 y 2007.
Desde entonces, precisó el comunicado, Irlanda ya ha introducido cambios en la ley relativa a las normas de residencia corporativa y a la atribución de beneficios a sucursales de empresas no residentes que operan en este país.
"Irlanda participa activamente en los debates fiscales internacionales y también ha realizado los cambios necesarios en su régimen fiscal a medida que las normas fiscales internacionales se han desarrollado con el tiempo", concluyó el Gobierno de Dublín.
El TJUE confirmó este martes que Irlanda concedió ayudas fiscales ilegales a Apple durante más de dos décadas y obligó a la multinacional estadounidense a devolver unos 13.000 millones de euros por los impuestos no pagados gracias a esta ventaja.
El tribunal con sede en Luxemburgo resuelve definitivamente el caso y da así la razón a la Comisión Europea, que en 2016 concluyó que la multinacional se había beneficiado de un trato fiscal selectivo entre 1991 y 2014 que permitió a la firma estadounidense pagar sustancialmente menos impuestos de los que debería.
Tanto Apple como Irlanda recurrieron esta decisión ante la Justicia europea, que en una primera sentencia en 2020 dictaminó que Bruselas no había demostrado la existencia de una ventaja fiscal selectiva concedida a Apple Sales International (ASI) ni a Apple Operations Europe (AOP).