"Además de los problemas metodológicos, el informe y las circunstancias de su elaboración ponen en evidencia una preocupante falta de transparencia e imparcialidad", señaló la Comisión salvadoreña en un comunicado.
Criticó que "tanto la CIDH como Cristosal, una de las principales fuentes del informe, reciben financiación de las mismas entidades, como son la Open Society Foundation y la Ford Foundation".
"A la fecha, la CIDH no ha proporcionado una explicación satisfactoria sobre cómo se seleccionan sus fuentes, testigos, procesos de entrevista y selección, ni ha demostrado de manera clara y pública que sus decisiones están libres de influencias externas", agregó.
Este señalamiento se da a pesar de que el comisionado José Luis Caballero señaló en su voto concurrente, que se encuentra en el informe, que "la Comisión aplicó la metodología que su Reglamento establece" y que este es "consistente con la naturaleza, tradición y reglamentación del mandato de monitoreo de la Comisión Interamericana de los últimos 65 años".
El comisionado añadió, respecto a la transparencia, que "las posibles alegaciones sobre supuestos conflictos de interés generados por compartir fuentes de financiamiento con organizaciones de la sociedad civil deberían analizarse caso a caso, en base a evidencias concretas".
Sobre las recomendaciones hechas por la CIDH, la entidad salvadoreña indicó que "como Estado, procederemos a revisarlas y analizarlas de manera exhaustiva para evaluar cada observación en su contexto".
La CIDH llamó el miércoles a El Salvador a brindar una "reparación integral" a las víctimas de presuntos atropellos en el marco del régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales.
En su informe de país 'Estado de excepción y derechos humanos en El Salvador', la CIDH recomendó las medidas de reparación y "garantías de no repetición".
La CIDH recomienda "elaborar e implementar un plan de reparación integral para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos perpetradas en el marco de las detenciones del régimen de excepción", indicó el organismo.
Apuntó que esta recomendación se da ante "las denuncias de detenciones ilegales y arbitrarias sistemáticas y generalizadas por parte de las fuerzas de seguridad, así como de otras violaciones de derechos en las instancias de administración de justicia y espacios de privación de la libertad".
La medida se ha extendido en 30 ocasiones por períodos de 30 días y ha dejado la detención de más de 81.900 personas, de las que se han liberado más de 7.000.
Diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan más de 300 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia.