"Todos sabemos cómo en el año 2018 los Estados Unidos montaron un intento de acabar con el Gobierno revolucionario preparando, entrenando, organizando, utilizando a los organismos no gubernamentales" en su contra, señaló el mandatario nicaragüense en un acto oficial en ocasión del 45 aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua.
Ortega, que no ofreció pruebas, indicó que Washington, con el apoyo de las ONG, utilizó "la tecnología que ya se desarrollaba en aquellos años para lanzarse en contra del pueblo" nicaragüense.
Desde que estalló la crisis social y política en Nicaragua, en abril de 2018, las autoridades han disuelto cerca de 5.600 asociaciones que funcionaban como organismos sin fines de lucro, y en la mayoría de los casos han ordenado traspasar los bienes de esas ONG al Estado.
Hace dos semanas, la Asamblea Nacional (Parlamento), a petición del Ejecutivo, reformó tres leyes que cambian el funcionamiento de las organizaciones sin fines de lucro, que tendrán ahora que formar "alianzas" con instituciones del Estado para ejecutar sus proyectos.
En su largo discurso, Ortega dijo que no puede olvidar el 2018 porque antes del estallido social "Nicaragua era un país en paz", pero que ese año fue "doloroso, fatídico, donde se juntaron todos los demonios y se lanzaron a asesinar, a quemar" instituciones públicas y a quienes identificaban como sandinistas o como policías.
En abril de ese año, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega tras responder con la fuerza.
Las protestas dejaron al menos 355 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos nicaragüenses elevan la cifra a 684, mientras que Ortega reconoce que fueron "más de 300" y mantiene que se trató de un intento de golpe de Estado.
Ortega tildó de "jauría internacional" a los organismos internacionales y a los países que criticaron su respuesta a la revuelta popular que estalló en Nicaragua, porque, a su juicio, creyeron que él se iba a rendir.
También volvió a criticar a los obispos nicaragüenses que organizaron el fallido diálogo nacional con el que se pretendía superar la crisis, en especial al jerarca excarcelado Rolando Álvarez y a Silvio Báez, a los que las autoridades privaron de su nacionalidad, y a los que Ortega tildó de "terroristas".
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato -el cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de "golpistas" y de "traición a la patria".