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El objetivo de esta fase es cumplir 10 órdenes judiciales de búsqueda y registro en cuatro estados del país, así como embargar las propiedades de los investigados para ayudar a resarcir 40 millones de reales (unos siete millones de dólares o 6,5 millones de euros) en daños al patrimonio público.
Se trata de la vigésimo novena acción que se lanza para desvelar lo sucedido el 8 de enero del año pasado, cuando miles de seguidores del expresidente derechista Jair Bolsonaro (2019-2022) invadieron las sedes de la Presidencia, la Corte Suprema y el Congreso en Brasilia, publicó EFE.
La turba golpista vandalizó los edificios en protesta por la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva, quien había tomado posesión como presidente tan solo una semana antes.
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Hasta ahora, la Corte Suprema ha condenado a más de 200 personas involucradas en los hechos a penas de cárcel de hasta 17 años por un intento de golpe de Estado.
El propio Bolsonaro está siendo investigado por urdir, junto con varios ministros y altos mandos del Ejército, una trama para suspender los resultados electorales y mantenerse en el poder.