Durante la reunión, que contó con la presencia de altos funcionarios militares de ambos países, Shili agradeció la ayuda de su socio en los ámbitos de la formación, entrenamiento, apoyo logístico y ejercicios militares conjuntos, además de la regularidad de la comisión militar conjunta para implementar los programas de cooperación y que se ha convertido en un modelo para otros estados.
Por su parte, Langley señaló que se trata de una oportunidad para revisar en profundidad las relaciones militares con Túnez, a la vanguardia del continente, y señaló la voluntad de la administración estadounidense de fortalecer las capacidades del Ejército tunecino.
Estados Unidos ha concedido más de 1.000 millones de dólares para mejorar las capacidades y el equipamiento de las fuerzas de seguridad de Túnez desde el inicio de la transición democrática en 2011, que puso fin a dos décadas de dictadura de Zine El Abidine Ben Ali.
Un mes antes, el embajador de este país, Joey Hood, anunció un programa "revolucionario" para formar a 35.000 agentes de la Guardia Nacional conforme a las normas internacionales para reforzar su profesionalización y se felicitó por los esfuerzos de las fuerzas del Estado para mantener la seguridad en Túnez y convertirse en un destino seguro y atractivo para las inversiones.
El pasado domingo el presidente Kais Said, que se arrogó plenos poderes en 2021 para "preservar la paz social", remplazó a 22 ministros y secretarios de Estado de un total de treinta para poner fin, aseguró, a los "centros de poder dentro del aparato estatal" al servicio de lobbies extranjeros. Entre los nuevos responsables se encuentra Shili, antiguo embajador y alto funcionario del Departamento de Exteriores.
Said aspira el próximo 6 de octubre a un segundo mandato y concurrirá frente a tres candidatos- después de que la instancia electoral rechazara 13 expedientes- el secretario del nacionalista árabe Movimiento del Pueblo, Zouhaier Maghzaoui; el empresario Ayachi Zammel; y el exministro de Sanidad y antiguo miembro del partido islamista, Abdellatif Mekki.
Human Rights Watch (HRW) ha denunciado un contexto de "creciente represión" a medida que se acercan las elecciones del 6 de octubre mientras que la mayoría de opositores que anunciaron su intención de concurrir están siendo o han sido procesados por la Justicia, varios han sido detenidos o condenados a penas de cárcel mientras a otros se les ha impedido obtener el certificado de antecedentes penales, imprescindible para registrar su candidatura.