Reiteró la decisión del presidente, Daniel Noboa, para enfrentar "cara a cara a los narcoterroristas", y subrayó el respaldo de las Fuerzas Armadas para defender a la ciudadanía de ese "gran flagelo que, por años, se ha venido enquistando a lo largo y ancho" de Ecuador.
En un vídeo, Loffredo añadió que "no solamente se libra una batalla contra las mafias sino también contra la vieja política que, con sus argucias legales y denuncias de siempre, nuevamente pretenden hacer retroceder al país, buscando generar un intento más de desestabilización y debilitamiento al proceso que emprendimos y que no vamos a interrumpir".
El ministro no mencionó ningún nombre ni tampoco detalló a qué "argucias legales o denuncias" se refería.
Afirmó que en medio de un 'conflicto armado interno', declarado por Noboa en enero pasado contra los grupos delictivos a los que llama "terroristas", es su deber como ministro de Defensa "rechazar cualquier intento que pretenda sumir nuevamente en la inestabilidad a todo un país que lucha por surgir y tener días mejores".
"Pedimos a la clase política, responsable de estos hechos, que se abstengan de todo acto, y les recordamos que estamos en medio de un conflicto armado interno, y que, bajo ese contexto, sólo existen dos caminos: o estamos del lado de la paz y las fuerzas del orden, o estamos del lado de la inestabilidad y los enemigos de la patria".
Y finalizó: "Ninguna ambición desmedida de nadie puede estar por encima del bienestar y seguridad del país entero. No lo vamos a permitir. Un solo Ecuador, una sola fuerza".
¿Intento de golpe de Estado?
Las declaraciones de Loffredo se dieron el mismo día en que el Gobierno observó un posible intento de desestabilización y de golpe de Estado en la denuncia electoral que por presunta violencia política de género presentó la vicepresidenta, Verónica Abad, contra Noboa.
La denuncia, que podría acarrear una eventual destitución y suspensión de los derechos políticos de Noboa por cuatro años, "es un burdo intento de desestabilización y descaradamente configura un claro intento de golpe de Estado", señaló en un comunicado el ministro de Gobierno, Michele Sensi.
"La actitud de Verónica Abad no sorprende. Desde hace tiempo quedó claro que no compartía los valores ni los principios de este Gobierno", añadió Sensi en el escrito, tras recalcar que, para el Ejecutivo de Noboa, la acusación de la vicepresidenta "es un intento desesperado por acceder al poder a cualquier costo".
"Es vergonzoso el nivel de desesperación de quienes están detrás de esta denuncia, pues deslegitiman la voluntad popular expresada en las urnas y quieren impedir su participación electoral (la de Noboa) al ver que no tienen otra alternativa", concluyó el ministro.
La denuncia interpuesta por Abad contra Noboa, recayó este martes en el despacho del juez Fernando Muñoz, quien considera "nula e ilegal" su remoción el lunes como presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), donde se tramita la causa, y donde también Abad enfrenta una denuncia por una presunta infracción electoral cuando buscaba la alcaldía de su natal Cuenca.
La denuncia de Abad podría ser considerada como una infracción electoral "muy grave", que se sanciona con la suspensión de los derechos políticos de dos a cuatro años, la destitución del cargo y una multa; y si se comprueba la denuncia contra Abad, también puede perder sus derechos políticos, lo que le imposibilita para ejercer cargos públicos.
Noboa y Abad están distanciados desde la campaña para el balotaje de las elecciones de finales de 2023, convocadas de manera anticipada luego de que el entonces presidente Guillermo Lasso, disolviera la Asamblea Nacional y acortara su propio período al aplicar la llamada 'muerte cruzada', contemplada en la Constitución.
Tras asumir el cargo, Noboa designó sorpresivamente como embajadora en Israel a Abad, quien ha denunciado lo que considera un trato "hostil" por parte de Noboa, supuestamente para presionarla a renunciar, algo que -ha insistido- no hará.
Noboa, que ha anunciado que se presentará a la reelección en los comicios de 2025, debe pedir licencia para hace campaña y, de acuerdo a la Constitución, tiene que encargar temporalmente el cargo a la vicepresidenta.