El tribunal formado por tres magistrados consideró en su fallo que la norma del pasado año era "fundamentalmente defectuosa y, por lo tanto, nula de pleno derecho y, en consecuencia, inconstitucional", según recogen medios locales.
Los jueces argumentaron su decisión al considerar que las modificaciones aplicadas en varias de las normas incluidas en la Ley de Finanzas 2023 se introdujeron sin llevar a cabo una nueva ronda de participación pública.
Entre otras medidas, la norma doblaba los impuestos sobre el combustible hasta el 16 %, lo que llevó a Azimio La Umoja (Aspiración a la Unidad, en suajili), la coalición del ex primer ministro y líder opositor del país, Raila Odinga, a convocar manifestaciones entre marzo y julio del año pasado.
Además de protestar contra la subida de los precios de alimentos y productos básicos, el líder opositor acusaba a Ruto de haber manipulado los resultados de las elecciones de agosto de 2022, en las que ganó frente a Odinga, una acusación que el Tribunal Supremo keniano rechazó.
En esas movilizaciones, la organización Amnistía Internacional (AI) registró al menos 30 casos de "homicidios policiales" de manifestantes.
El fallo de este miércoles fue dictado en respuesta al recurso del Gobierno contra la decisión judicial formulada por el Tribunal Superior de Nairobi el pasado mes de noviembre, que, aunque mantuvo la mayoría de medidas incluidas en la Ley de Finanzas 2023, consideró inconstitucional un impuesto destinado a financiar vivienda asequible.
Kenia se tornó de nuevo el pasado junio escenario de manifestaciones, más masivas que el pasado año, en la que decenas de miles de personas salieron a las calles para oponerse a las subidas de impuestos y los nuevos gravámenes previstos en el proyecto de Ley Finanzas 2024.
Con esa iniciativa legislativa, el Gobierno pretendía introducir impuestos como el IVA del 16 % a productos como el pan.
El 26 de junio, el presidente keniano rechazó firmar el proyecto de ley, 24 horas después de una fuerte movilización en Nairobi que acabó en una batalla campal entre los manifestantes y la Policía y derivó en el asalto al Parlamento.
Sin embargo, las protestas, que al inicio eran pacíficas pero se fueron tornando violentas, continuaron, si bien con una menor participación, y se transformaron en antigubernamentales.
Desde su inicio el pasado 18 de junio, las movilizaciones fueron fuertemente reprimidas por las fuerzas de seguridad, que dispararon gases lacrimógenos e incluso munición real contra los manifestantes, lo que dejó al menos 50 muertos, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia (KNCHR).
También hubo al menos 413 heridos y se registraron 59 casos de desapariciones forzadas, según esa entidad reguladora.
A diferencia de las movilizaciones que históricamente ha vivido Kenia, impulsadas por políticos, éstas no cuentan con líderes oficiales y han sido impulsadas a través de las redes sociales por jóvenes de la ‘generación Z’ (nacidos entre mediados de los noventa y la primera década del siglo XXI).
Esta es la peor crisis de Ruto desde que llegó al poder en septiembre de 2022 y forzó al presidente el pasado 11 de julio a destituir a casi todo su Gobierno (excepto al ministro de Asuntos Exteriores) y al fiscal general.