"Los masáis están siendo desalojados por la fuerza bajo el pretexto de una reubicación voluntaria", afirma en el informe titulado 'Es como matar la cultura', Juliana Nnoko-Mewanu, la investigadora principal sobre la mujer y la tierra en HRW.
Y añade que el Gobierno debe garantizar la participación de las comunidades indígenas en las decisiones que afecten a sus derechos a través de "la consulta genuina, el acceso a la información y su consentimiento", así como reconsiderar sus políticas de reubicación, que suponen un "grave peligro" para los masáis.
El informe subraya el programa iniciado por el Gobierno tanzano en 2022 para reubicar a más de 82.000 personas en la aldea de Msomera, en el este del país, con la excusa de habilitar el Ngorongoro para su conservación y para el turismo.
"Desde 2021, las autoridades han reducido significativamente la disponibilidad y accesibilidad de servicios públicos, como escuelas y centros de salud", denuncia HRW, que también expone que los residentes habían podido acceder a la información relacionada con el reasentamiento.
"El Gobierno no ha conseguido el consentimiento previo y libre de los indígenas masáis residentes en la zona para ejercer estos reasentamientos", corroboró la organización a partir de entrevistas a alrededor de cien afectados por esta situación entre agosto de 2022 y diciembre de 2023.
Entre ellos, actuales residentes del Ngorongoro, antiguos habitantes que han sido trasladados a la aldea y personas que ya vivían allí antes de los planes del Gobierno, que describieron a HRW "violaciones de sus derechos a la tierra, la educación, la salud y la indemnización".
"Los guardaparques niegan la entrada a los residentes o les obligan a pagar una tasa turística relativamente costosa para entrar si no tienen el tipo específico de identificación exigido", explica el informe, que también revela impedimentos por parte del Gobierno para que las organizaciones no gubernamentales accedan a esta zona.
La Autoridad de Conservación de Ngorongoro (NCAA), entidad gubernamental que gestiona la zona, ha impuesto tasas de entrada "desorbitadas" a las asociaciones locales que ofrecen apoyo a la comunidad masái.
Además, algunos de los entrevistados admiten que los guardaparques atacan, golpean y acosan a residentes si estos incumplen las órdenes del Gobierno.
HRW ha detectado trece de estos incidentes entre septiembre de 2022 y julio de 2023.
Desde 1959, cuando el pueblo masái fue desalojado del famoso parque nacional de Serengueti a la ciudad de Loliondo, el Gobierno tanzano lo ha expulsado repetidamente de sus tierras tradicionales de pastoreo.
El pueblo masái fue objeto de reubicaciones forzosas en 2009, 2013, 2017 y 2022 por las fuerzas de seguridad tanzanas, que afirman que estos desalojos son necesarios para la conservación del medio natural, aunque las tierras se han estado utilizando para actividades turísticas y caza deportiva.