En el escrito presentado por la Abogacía del Estado -organismo que presta asistencia jurídica a instituciones estatales-, se pide al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que investigue al juez Juan Carlos Peinado por presunta prevaricación, al considerar que dictó "a sabiendas" resoluciones "injustas" y contrarias a lo dispuesto en la norma, que atendían a "convicciones propias" que "se apartan de su deber investigador".
La querella se justifica en "la necesidad de defender" la institución de la Presidencia del Gobierno frente a "las actuaciones puntuales" del juez Peinado, según el documento.
La denuncia incide en que hay "múltiples elementos que hacen evidente que la toma de declaración" practicada este martes "contraviene la normativa" y despoja a la Presidencia del Ejecutivo "de las garantías que le ofrece la ley de Enjuiciamiento Criminal desde 1882" y sin "explicación alternativa".
La querella se presentó poco después de que Sánchez se acogiera este martes a su derecho a no declarar como testigo en la causa que investiga a su mujer, abierta por Peinado tras denuncias de organizaciones vinculadas con la ultraderecha.
En la comparecencia de Sánchez ante el juez, la primera de un presidente del Gobierno como testigo en la residencia oficial de La Moncloa, además de Peinado, el fiscal y los abogados defensores, el magistrado ha permitido el acceso de un representante del ultraderechista Vox en nombre de las acusaciones populares.
La Justicia desestimó la petición de Sánchez de declarar por escrito y los recursos presentados por la Fiscalía y la defensa de Begoña Gómez, que no ven utilidad ni justificación en la citación del jefe del Ejecutivo.
El juez despojó al presidente de las garantías legales
La Abogacía del Estado cree que Peinado prevaricó en dos resoluciones, entre ellas la que citó como testigo en La Moncloa al jefe del Ejecutivo, al considerar que le despojó "de las garantías" que le ofrece la ley de Enjuiciamiento Criminal y sin "explicación alternativa".
El texto sostiene que el juez no debió acudir a La Moncloa sino permitir a Sánchez declarar por escrito y subraya, además, que "a nadie se le escapa la relevancia pública" y electoral de las resoluciones judiciales que afectan a miembros del Gobierno.
La Abogacía, que cuestiona también la decisión del juez de grabar la comparecencia del jefe del Ejecutivo al ser una formalidad "pensada para la sede judicial", entiende que la Presidencia del Gobierno se ha visto "agraviada" por la actuación de Peinado.
Polémica política
La batalla judicial que salpica a Sánchez ha agravado la confrontación entre izquierda y derecha en España.
Para el Gobierno socialista, la querella pretende defender "la dignidad de una institución tan importante como es la Presidencia del Gobierno", según la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría.
Se trata, agregó, de que "esto no vuelva a suceder nunca más a ninguna persona", independientemente de la ideología política que tenga quien ocupe la Presidencia del Gobierno de España.
Por el contrario, el líder del conservador Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido a Sánchez de que, pese a su silencio ante el juez, "responderá ante los españoles por tantas injusticias".
El presidente de Vox (ultraderecha), Santiago Abascal, ha ido más allá y ha acusado a Pedro Sánchez de “iniciar una cacería contra los jueces”.