Los reclusos huidos, que habían firmado contratos con el Ministerio de Defensa de Rusia, recibían, según la orden policial, instrucción militar en el distrito Korachanski de la región de Bélgorod, fronteriza con Ucrania.
Dos de los presos cumplían condena por homicidio; tres por infligir lesiones graves; uno por secuestro, uno por robo; uno por estafa, y otro por posesión de drogas.
La autoridades ofrecieron una recompensa de 100.000 rublos, unos 1.150 dólares, por información que conduzca a la captura de los desertores.
En noviembre de 2022 el presidente ruso, Vladímir Putin, promulgó una ley que permitía movilizar a presos.
En una entrevista publicada en mayo del año pasado, el desaparecido líder de los mercenarios del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, reconoció que había reclutado a unos 50.000 presos de cárceles rusas para la guerra en Ucrania.
Prigozhin, que murió en agosto de 2023 en el siniestro de su avión en circunstancias no esclarecidas dos meses después de liderar una sublevación contra la cúpula militar del país que fue abortada, prometía a los presos el indulto tras seis meses en el frente de batalla.
Esta práctica ha tenido como consecuencia el aumento de crímenes cometidos por convictos indultados para combatir en Ucrania por Putin, un hecho que ha disparado la alarma social entre los rusos.
En junio pasado, la diputada rusa Nina Ostánina alertó al respecto tras la muerte de una menor de edad a manos de un exconvicto y llamó a las autoridades rusas a "asumir la responsabilidad de proteger a los ciudadanos de criminales como este" por medio de un "control constante" y ayuda a su reintegración laboral.