"En coordinación con el Ministerio del Interior, hemos reforzado las medidas de protección para nuestros magistrados, con el objetivo de garantizar su seguridad y reducir los riesgos asociados a su labor", señaló un comunicado leído por el titular de la máxima instancia judicial del país, Luis María Benítez.
La Corte expresó su "firme compromiso con la defensa del Estado de derecho y la administración de justicia" y su "total apoyo a todos los jueces penales del país".
"Entendemos los significativos desafíos que enfrentan y, en este contexto, reiteramos que no están solos", agregó.
La magistrada Carolina Llanes destacó, en una breve intervención ante sus pares de la Corte Suprema, que cuatro años y medio después de la implementación del fuero especializado en crimen organizado, delitos económicos y corrupción pública en el país se han emitido más de 1.450 resoluciones de condena relacionadas con el narcotráfico.
Además, se han dictado 458 resoluciones de condena hasta junio de este año por delitos económicos.
También se pronunció en un comunicado el Ministerio Público, que dijo asumir la "amenaza" de Marset "con la seriedad que conlleva este tipo de afrenta al orden de las instituciones republicanas".
En ese sentido, y al advertir de su "carencia institucional de fuerza de seguridad propia", reclamó de la Policía Nacional "redoblar el compromiso de brindar protección" a sus funcionarios, de quienes aseguró "son conscientes de las precauciones personales a asumir".
De igual forma, la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay, que reafirmó que sus integrantes permanecen "firmes" en su misión e indicó que "ningún fiscal se amilanará ante estos actos intimidatorios".
En declaraciones al programa uruguayo "Santo y Seña", difundidas por medios locales, Marset declaró que su esposa, Gianina García Troche, es "una persona inocente".
En ese contexto, aseguró que se encargará con sus abogados de que "mínimo" destituyan a la jueza y al fiscal a cargo de la investigación que llevó a la captura, la semana pasada, de la mujer en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
Marset y García Troche son requeridos por la Justicia paraguaya como resultado del operativo 'A Ultranza PY', que tuvo lugar en febrero de 2022 y es considerado el más grande contra el crimen organizado y el lavado de dinero en el país.