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La criminalización de la labor periodísttica y de los periodistas y las amenazas a la libertad de prensa son hechos que han recrudecido en los últimos tiempos en países de Centroamérica y peligrosamente comienza a replicarse en este lado del continente. Bajo el nombre de “No se calla la verdad encarcelando a periodistas”, una de las charlas del 12º Festival Gabo realizado en el Gimnasio Moderno de Bogotá, Colombia, abordó esta situación.
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Angélica Cárcamo (El Salvador), Marielos Monzón (Guatemala), Álvaro Murillo (Costa Rica), Óscar Martínez (El Salvador), Jennifer Ávila (Honduras) y Wilfredo Miranda (Nicaragua) fueron las voces de la Red Centroamericana de Periodistas que hablaron de abusos de los gobiernos totalitarios y cleptocráticos disfrazados de democracia que utilizan el sistema judicial para acallarlos.
Detenciones arbitrarias, cierres de medios, amenazas y hasta el exilio son padecimientos de la prensa centroamericana. A saber, Nicaragua sufrió el masivo exilio de periodistas (unos 242 desde el 2018), hubo asesinatos y persecuciones en Honduras, el encarcelamiento injusto en Guatemala de José Rubén Zamora, el deterioro absoluto en El Salvador y el deterioro paulatino en Costa Rica están en el panorama.
Ante este escenario, explicó Óscar Martínez (El Salvador), moderador del evento, no tenía sentido que las asociaciones de periodistas de cada país buscaran ayuda y financiamiento de manera independiente. Entonces, vieron una salida aglutinando “los esfuerzos para proteger a la prensa en una región que está completamente deteriorada en términos de libertad de prensa”.
En el auditorio se encontraban otros periodistas nicaragüenses a quienes el gobierno de Daniel Ortega (exguerrillero del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional) les sacó la nacionalidad y les borró del sistema. Algunos fueron acogidos por países como Costa Rica, EE.UU., España y otros de la UE. Los casos más graves son de los periodistas nicaragüenses exiliados que han terminado durmiendo en plazas de Costa Rica en estado de abandono e indigencia.
Frente la pregunta de ¿qué es lo que se necesita para ayudar a los periodistas que se encuentran amenazados por este tipo de situaciones? el nicaragüense Wilfredo Miranda, exiliado en Costa Rica, respondió: “Recursos y dinero. Hay que quitarle la idea romántica de que los periodistas somos apóstoles entregados a esto. De cierta manera lo hacemos con mucha vocación, pero el buen periodismo es caro. Y el periodismo de investigación es aún más caro. Ahora imagínatelo hacerlo desde otro país, desde el exilio”. En este camino sin retorno de los gobiernos centroamericanos contra la libertad de expresión hay más casos emblemáticos.
En Honduras, el sistema judicial arremetió contra el periodista David Romero ,director de Radio Globo y Globo TV, encarcelado bajo los cargos de calumnia y difamación. Romero murió en la cárcel por complicaciones del COVID-19. Fue un proceso arbitrario, exagerado. David Romero era un opositor político. Entonces, (su caso) fue ejemplificador para varios sectores. Después de eso, no ha habido un caso tan crudo de acoso judicial, pero sí, obviamente está la herramienta”, refiere Jennifer Ávila, de Honduras.
En Guatemala, la situación es igualmente grave. El periodista José Rubén Zamora está a punto de ser condenado a 40 años de prisión, sin derecho a un juicio justo por supuesto lavado de dinero, cosa que las autoridades guatemaltecas no han podido probar. La represalia fue a raíz de sus publicaciones sobre corrupción en el Gobierno. Su hijo José Carlos Zamora, director de Exile Content Studio, llegó hasta Colombia para llamar la atención sobre el caso.
Canallas, ratas, vendidos
En Costa Rica, la llamada “Suiza de Centroamérica”, aunque no hay casos extremos como detenciones y muertes se ha reportado un deterioro paulatino. Eso lo cuenta Álvaro Murillo.
Murillo habla de la estigmatización, el desprestigio de la función periodística, desde el gGobierno, cuando la prensa lo critica. “En la medida en que hay una mínima crítica al Gobierno, entonces esos (periodistas) son canallas, ratas, vendidos, defensores de las élites, son parte de esa telaraña que pretende evitar los cambios que se quieren hacer en el nombre del pueblo”. Al momento parece no haber salida posible, pero el silencio no es una opción.
