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El Gobierno de Argentina anunció que pondrá en marcha una auditoría total para determinar, dentro de un universo de 1.223.864 personas beneficiarios de pensiones por invalidez, quiénes accedieron de manera irregular a dicho beneficio.
Se sospecha que cerca de medio millón de pensiones serían “truchas”, porque para acceder al cobro se cometieron ilícitos en el trámite necesario para conceder la pensión. En otras palabras, se busca identificar a personas que estén cobrando la pensión sin cumplir los requisitos legales para merecerla.
A los que sean descubierto no solo se les dará de baja el beneficio, también se abrirá una causa penal. Si se comprueba esta hipótesis, se podría alcanzar un ahorro en el gasto en pensiones de unos 100.000 millones de pesos argentinos por mes.
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Altas autoridades habrían defraudado al Estado
El disparador de esta auditoría fue una denuncia presentada semanas atrás por el fiscal federal Guillermo Marijuán. La presentación pide que se investigue “el posible desarrollo de conductas delictivas en las que podrían encontrarse involucrados el expresidente de la nación, Alberto Fernández; así como los entonces directores Ejecutivos de la Agencia Nacional de Discapacidad, Claudio Flavio Augusto Espósito y Fernando Gastón Galarraga, y la otrora directora nacional de Apoyo y Asignaciones Económicas, Paula Martínez”.
Según Marijuán, “habrían defraudado al Estado Nacional, mediante la conformación y materialización de un plan sistemático desplegado en el periodo comprendido entre los años 2020 y 2023, consistente en el dictado de normas tendientes a flexibilizar el proceso de otorgamiento de las Pensiones No Contributivas por Invalidez para permitir la entrega masiva e irregular de tales beneficios destinándolos especialmente “a cuestiones políticas de favores con gobernadores e intendentes”.
La normativa dice que la pensión por invalidez debe otorgarse a aquella persona que, en edad de trabajar, sufre y puede demostrar una incapacidad laboral del 76%, y que demuestre que está en situación económica vulnerable.
La Andis sospecha que al menos el 40% de los beneficiarios, es decir cerca de medio millón de personas no deberían estar cobrando la pensión. Para determinar la cifra exacta de beneficios a dar de baja, en los próximos días se lanzará un operativo nacional de auditoría, pero que pondrá el foco en los municipios del conurbano bonaerense y las provincias del Norte.
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Operativo nacional
El operativo consistirá en citar por carta documento a los beneficiarios para que se presenten en una oficina de la ANSes o un hospital público.
En dicho lugar habrá un médico que determinará el grado de discapacidad de la persona.
También se revisará el perfil socio económico del beneficiario. Expresamente, se cruzará información de propiedad, ingresos y consumos, dado que para acceder a la pensión por invalidez, los ingresos y patrimonio del beneficiario o su grupo familiar no deben superar ciertos límites. Es decir, se aceptan a personas en situación de vulnerabilidad socio-económica.
Con toda esa información, el Andis resolverá si mantiene o da de baja el beneficio. Esta resolución puede tardar entre 30 y 45 días. Si la institución considera que el beneficio debe darse de baja, el beneficiario tendrá una instancia de apelación. Además, si la persona que es citada no se presenta en la fecha y lugar indicado, perderá automáticamente el beneficio.
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Es muy probable que el solo hecho de lanzar el operativo despierte oleajes de repudio e indignación. Algo ya se vio durante el gobierno de Mauricio Macri. Cuando él quiso hacer una auditoría parecida y la justicia abortó el operativo, con fallos judiciales que además ampliaban las posibilidades de acceder a la pensión.
Hoy en el Gobierno dicen que la Andis, que conduce el abogado Diego Spagnuolo, será lo más objetivo posible y no le quitará el beneficio a quien realmente cumpla con los requisitos. De hecho fuentes oficiales señalan que quedarán al margen del operativo los 100.000 niños menores de edad y los 60.000 adultos mayores que hoy la están cobrando.
Una fábrica de pensiones por invalidez
Los funcionarios creen que se montó una suerte de “fábrica de pensiones por invalidez” en la que están involucrados gobernadores, intendentes, punteros políticos, médicos y prestadores de servicios de salud y atención a personas con discapacidad. “Apuntamos a las provincias del Norte y a determinados municipios del sur del conurbano, entre ellos Quilmes, Berazategui, Lanús y Florencia Varela”, señalaron fuentes oficiales.
Para el Gobierno, el grueso de los beneficios concedidos ilegalmente se concentra en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y en el de Alberto Fernández.
Durante el gobierno de Néstor Kirchner se otorgaron cerca de 120.000 beneficios. En el primer gobierno de Cristina Kirchner se sumaron 453.000 pensiones y otras 400.000 en el segundo mandato. En los cuatro años de Mauricio Macri se redujeron en cerca de 20.000. Y durante el gobierno de Alberto Fernández volvieron a crecer, sumando unas 170.000 pensiones más. En resumen: hasta 2003 se habían otorgado 80.000 pensiones. Hoy se pagan 1.223.864 beneficios. Un incremento de casi 1.500 %. Como se ve, la más generosa fue la ex presidente Cristina Kirchner. Durante su mandato se otorgaron 1.168 pensiones por invalidez por día.
La pensión por discapacidad llega hoy a los $ 216.000. Su monto es equivalente al 70% de la jubilación mínima, más el bono de $ 70.000. Es decir que las pensiones insumieron este mes 265.000 millones de pesos. En el año, el gasto equivaldría a unos 3.200 millones de dólares. El recorte de pensiones tendría un impacto sensible en las cuentas públicas.
En la Andis ya hicieron una mini auditoría sobre unos 3.000 casos a principios de este año. El informe que elaboró la agencia dice: “Se concluyó que entre el 80% y 90% de los beneficiarios no cumplían con los requisitos mínimos para ser otorgadas. De acuerdo con los datos aportados según su distribución geográfica, las pensiones se registran principalmente en la provincia de Buenos Aires.” Se habrían destinado a estas pensiones y gastos asociados cerca de 3.000 millones de pesos, que no debieron haberse gastado.
Vale destacar que desde Andis se transfiere a las provincias los fondos para garantizar las coberturas médicas de las personas con pensiones. Se calcula entre 1,2 y 1,7 millones de pesos mensuales por afiliado.
Red de prestadores
Se reveló también que “muchos de los beneficiarios de estas pensiones fraudulentas, estaban afiliados al programa Incluir Salud, órbita encargada de pagar a los prestadores conveniados. Desde allí, se facturaron servicios a instituciones, centros médicos, clínicas y transportes que en realidad no se brindaban, generando una sumatoria adicional de fondos desviados”.
Para los funcionarios, hay dos gastos que deben cortarse. Paradójicamente, el menor es el que corresponde propiamente a las pensiones ilícitamente otorgadas. El más grande es el de los prestadores de servicios que facturan gastos por valores que superan largamente el valor de una pensión por invalidez.
Hasta 2003, había un número estanco de pensiones por invalidez. El cupo era de 80.000 beneficios y para dar de alta un nuevo beneficiario debía antes darse de baja a otro (por fallecimiento. En 2003 comenzó una flexibilización que amplió las posibilidades de otorgamiento.
El informe de la Andis dice que “a partir de 2020 se dictaron numerosas resoluciones flexibilizando el otorgamiento de las pensiones. Por ejemplo, en enero de 2023 eliminaron la condición de invalidez laboral y lo reemplazaron por algo muy subjetivo. Mientras que, en octubre de ese año se publicó un decreto que directamente quitaba el requisito de incapacidad para trabajar a una persona inválida, y el requisito de acreditar 76% de invalidez”.
El trabajo concluye que “con ese mecanismo accedieron a la pensión por invalidez laboral personas sin invalidez laboral, e inclusive sin condición médica alguna -pero que les entregaron la pensión por su condición de pobreza- y personas que poseían alguna condición médica pero que no eran invalidante y que trabajaban, o que tenían obra social o prepaga y poseían ingresos ellos y/o su grupo familiar de hasta 1.5 millones de pesos. Es decir, escondieron pobres en las pensiones por invalidez, y usaron el dinero destinado a esta causa para arreglados políticos con sus gobernadores e intendentes amigos”.
Misma radiografía para justificar invalidez de 150 personas
A esto se suman casos individuales como los que se descubrieron, por ejemplo, en la provincia de Chaco, donde con una misma radiografía de hombro se entregaron 150 pensiones por invalidez. También se entregaron como prueba de discapacidad radiografías de un perro. En la misma provincia, en noviembre pasado -antes de finalizar el gobierno de Fernández-, se sumaron 22 mil nuevos pensionados por discapacidad.”
También se detectaron casos tal vez insultantes. 60.000 beneficiarios con más de 1 auto, más de 1 casa, con barcos, aviones. También 30.000 extranjeros de los que no se sabe si fue corroborada su condición de residencia y radicación.
FUENTE: Clarín.