"El recuento es de 41 milicianos neutralizados, nueve militares muertos y la esposa de un militar también muerta", declaró a medios locales Stanys Liby, jefe del pueblo de Kimomo, localidad vecina a la aldea de Kinsele, en la provincia de Mai-Ndombe, donde se produjo el ataque el pasado sábado.
El diputado provincial David Bisaka situó en 42 el número de milicianos muertos y aseguró que "los cuerpos de los militares y de esta mujer ya han sido enviados a las morgues de Kinsasa", la capital del país, mientras "los de los (rebeldes) Mobondo todavía están tirados en el suelo de Kinsele".
El incidente ocurrió en una zona golpeada por la violencia intercomunitaria y conocida como Gran Bandundu, que comprende las provincias congoleñas de Mai-Ndombe, Kwango y Kwilu.
Allí, la milicia Mobondo, que dice representar a la comunidad yaka, está involucrada desde principios de 2022 en un conflicto con el pueblo teke por una disputa relacionada con la propiedad de la tierra.
Las tensiones crecieron por el aumento de un impuesto consuetudinario que en esta región deben pagar los agricultores tekes y yakas a los jefes tradicionales tekes, propietarios de los terrenos, para usar la tierra.
El ataque de este sábado se produjo pese al establecimiento a principios de abril de un acuerdo entre los líderes de ambas comunidades, firmado ante el presidente del país, Félix Tshisekedi, para el cese de las hostilidades en la zona.
"Pedimos al jefe del Estado, que lucha por el retorno de la paz, que se haga cargo de este asunto. Después de que el hacha de guerra fuera enterrada, ¿qué explica que los milicianos tomen las armas para atacar a las FARDC (Fuerzas Armadas de la RDC)?", señaló Liby.
En marzo de 2023, la oenegé pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) denunció que los enfrentamientos intercomunitarios ya habían causado la muerte de al menos 300 personas, mientras centenares de casas, escuelas y centros de salud han sido destruidos, saqueados y quemados.
Además, más de 4.600 personas han tenido que abandonar sus hogares.