"Lo que no puede hacer la Corte Interamericana es ordenarle al Poder Judicial que intervenga para impedir que se promulgue una ley", remarcó Arévalo al referirse a la solicitud que hizo ese tribunal a Perú, para que deje sin efecto, o no otorgue vigencia, a un proyecto que limita los crímenes de lesa humanidad y de guerra.
Arévalo declaró a periodistas que, aunque esa norma ya ha sido aprobada por el Congreso, aún debe ser analizada por el Ejecutivo, que determinará si la promulga o devuelve al Legislativo con observaciones.
"Si la ley se da, si es que la promulgan, los jueces sabrán si la declaran inaplicable o si alguien la cuestiona en su constitucionalidad", explicó.
El presidente del Poder Judicial aseguró que los jueces tienen la potestad de aplicar el "control difuso", que les permite determinar si no aplican una norma por considerar que atenta contra la Constitución o convenios internacionales.
Arévalo también negó que se haya reunido con el Ejecutivo y el Congreso para coordinar un pronunciamiento conjunto de rechazo a la orden de la CorteIDH, tal como el primer ministro, Gustavo Adrianzén, anunció que haría.
La posición del Gobierno y del Congreso
Adrianzén afirmó el pasado miércoles que estaba "indignado" con la orden de la CorteIDH y agregó que "resulta intolerable" que el organismo supranacional llame a los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) "de un estado miembro soberano", como Perú, a no aprobar o aplicar una ley.
Informó, en ese sentido, que el tema fue tratado por el Consejo de Ministros y se le ordenó "tomar contacto con los líderes de los poderes del Estado" para coordinar y emitir "una respuesta conjunta" a la decisión de la CorteIDH.
A pesar del pedido del tribunal internacional, la Comisión Permanente del Congreso peruano aprobó este jueves, en segunda votación, esta polémica ley, que fue propuesta por el partido fujimorista Fuerza Popular y por una bancada conformada en parte por exjefes de las Fuerzas Armadas.
La norma plantea impedir que se procese a cualquier persona por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra ocurridos antes de 2002 y, por lo tanto, excluye el periodo del conflicto interno (1980-2000) que dejó más de 69.000 víctimas en el país.
Políticos opositores y organismos de la sociedad civil alertaron que, si es promulgada, centenares de policías y militares que se encuentran presos o procesados serán beneficiados.
Por su parte, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, rechazó "las intromisiones provenientes de organismos internacionales" y dijo que la norma se aprobó "en defensa de la soberanía del Estado Peruano y del fuero parlamentario".
En su resolución, emitida el martes pasado, la CorteIDH señaló que Perú deberá presentar a más tardar el 9 de agosto próximo un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de lo que le ha ordenado.