La organización Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo) expresó en un comunicado su preocupación por la decisión de la Comisión Permanente del Congreso de aprobar esa norma el último jueves, en una segunda votación, que aún deberá ser analizada por el Ejecutivo antes de su promulgación.
A decir del organismo, la medida excluye de los alcances de la ley a 59 tipos penales "que ya no podrán ser procesados bajo dicha normatividad, sino que obliga a que los allanamientos se realicen en presencia del involucrado y su abogado".
"Esto significa impunidad total en favor de las organizaciones criminales", agregó el director ejecutivo de CHS Alternativo, Ricardo Valdés, antes de agregar que también se fijan "criterios más altos" para calificar el delito de organización criminal, que ahora se aplicará solo a las penas superiores a seis años de cárcel.
Valdés dijo que ya no se considerará como crimen organizado a los delitos informáticos, estafa agravada, tráfico de productos pirotécnicos, tala ilegal, tortura simple, marcaje no agravado, tráfico de órganos y tejidos, tráfico ilícito de migrantes, y tráfico ilegal de datos personales, entre otros.
También se excluyen, agregó, a delitos relacionados a la corrupción, como concusión, colusión simple, peculado, cohecho pasivo simple, soborno internacional pasivo, cohecho pasivo propio, negociación incompatible, enriquecimiento ilícito básico, tráfico de influencias, falsificación de documentos y financiación prohibida de organizaciones políticas.
Otros cambios en las leyes
El experto recordó que el Congreso también aprobó en marzo cambios en la Ley de colaboración eficaz (delación premiada) que implican que la Fiscalía ahora solo tendrá 8 meses de plazo para acreditar pruebas en casos de crimen organizado.
Cuestionó que el Congreso haya aprobado, además, que los allanamientos ahora se deberán realizar con la presencia del involucrado y su abogado.
"Definitivamente en un allanamiento el espíritu es el factor sorpresa, si no sería imposible encontrar evidencias. Con la modificación se afectará la efectividad de esta medida legal", concluyó.
La Comisión Permanente del Congreso aprobó el jueves un dictamen que modifica el Código Penal, la Ley contra el crimen organizado y la Ley de procedimiento con 12 votos a favor, 3 en contra y 9 abstenciones.
Antes de esa votación, el legislador Américo Gonza, representante del partido marxista Perú Libre y presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, aseguró que el objetivo de la propuesta "es impartir justicia".
"La justicia debe imponerse por encima de cualquier interés personal o de cualquier grupo, sobre todo de intereses ajenos a la voluntad general. Debemos tener normas acordes para que se sancione realmente al culpable y juzgar al criminal, más no como se viene haciendo actualmente", sostuvo.
Tras la votación, el también legislador izquierdista Edgar Reymundo Mercado presentó un pedido para que se reconsidere la medida, pero este fue desestimado por amplia mayoría.