“Gracias a los reportes de inteligencia, el Gobierno nacional (argentino) mantuvo la calma y la serenidad frente a los hechos denunciados”, señala la Presidencia del Argentina en un comunicado oficial publicado este domingo en la red social X.
“El relato difundido era poco creíble y los argumentos no encajaban con el contexto sociopolítico del país latinoamericano”, señala la nota, en la que también se afirma que “el partido político gobernante controla el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas”, en alusión al MAS (Movimiento al Socialismo).
En opinión de Milei, “hace tiempo que la democracia boliviana está en peligro, no por un golpe militar, sino porque históricamente los Gobiernos socialistas derivan en dictaduras. Sobran ejemplos: Cuba, Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte”, agrega el comunicado.
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La declaración oficial de la Presidencia argentina sostiene que “en este momento, Bolivia tiene más de doscientos presos políticos, incluida la expresidenta interina Jeanine Áñez Chávez y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho Vaca”.
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“La República Argentina espera que prevalezca la democracia que hace años está siendo atacada en el Estado plurinacional de Bolivia, e insta a las fuerzas políticas de ese país a garantizar el Estado de Derecho en su territorio”, concluye la nota.
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El intento de golpe de Estado en Bolivia
El pasado 26 de junio, Bolivia fue sacudida por un intento de golpe de Estado perpetrado por un grupo de altos mandos militares disidentes que buscaban derrocar al Gobierno del presidente Luis Arce. Los conspiradores intentaron tomar el control de varias instalaciones clave en La Paz, incluida la sede del Gobierno y medios de comunicación.
Tras el intento de golpe de Estado, surgieron sospechas entre algunos sectores de la oposición y ciertos analistas políticos de que el evento podría haber sido un montaje del presidente Luis Arce.
Estos críticos sugieren que el Gobierno pudo haber exagerado o incluso fabricado la amenaza para consolidar su poder y desviar la atención de problemas internos, como la crisis económica y las acusaciones de corrupción.
Sin embargo, el Ejecutivo ha negado rotundamente estas acusaciones, asegurando que el golpe fue real y que actuaron para proteger la democracia y el orden constitucional del país.