El mandatario, considerado como un “alborotador” por las autoridades de Pekín, afirmó en una conferencia de prensa que China “no tiene ningún derecho a sancionar al pueblo taiwanés por sus convicciones ni a perseguir a los ciudadanos taiwaneses más allá de sus fronteras”.
Taiwán se ha gobernado de forma autónoma desde 1949, pero China reclama la soberanía de la isla, a la que considera una “provincia rebelde” para cuya reunificación no descarta el uso de la fuerza.
“La democracia no es un crimen, el autoritarismo sí lo es (...). Según China, no apoyar la unificación equivale a ser independentista. No importa si se es partidario de Taiwán, de la República de China (nombre oficial de Taiwán) o de la República de China en Taiwán, todos son considerados independentistas por China” , manifestó Lai desde el Palacio Presidencial de Taipéi.
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El presidente isleño, quien asumió el cargo el pasado 20 de mayo en sustitución de Tsai Ing-wen (2016-2024) , pidió nuevamente al Ejecutivo chino que “reconozca la existencia de la República de China” y dialogue con el Gobierno “legítimo y democráticamente elegido” de Taiwán.
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“Esta es la manera correcta de mejorar el bienestar de la gente a ambos lados del estrecho. De lo contrario, las relaciones entre Taiwán y China se distanciarán cada vez más” , recalcó.
Medidas contra el “separatismo”
Estas declaraciones se produjeron después de que China publicase el viernes pasado un conjunto de directrices judiciales destinadas a los " separatistas de Taiwán " que " inciten o lleven a cabo actos de secesión " .
Las medidas, que incluyen la posibilidad de la pena de muerte y juicios en ausencia para los acusados, entraron en vigor de inmediato.
Anunciadas conjuntamente por el Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía Suprema Popular y los ministerios de Seguridad Pública, Seguridad del Estado y Justicia, estas directrices definen las circunstancias bajo las cuales un “pequeño número de separatistas obstinados” pueden ser responsables penalmente si “organizan planes independentistas” o “buscan la independencia con apoyo extranjero o por la fuerza”.
Además, estipulan que aquellos que colaboren con cualquier institución, organización o individuo foráneo o en el extranjero en la comisión de tales crímenes, recibirán un “castigo más severo”.
Según el artículo 6 de dicho documento, aquellos que cometan el delito de “dividir el Estado” pueden ser condenados a muerte si el crimen causa un “daño particularmente grave” al Estado y al pueblo o si las circunstancias son “particularmente graves”, sin ofrecer más detalles sobre tales circunstancias.
Acciones separatistas
Las directrices también recogen que si los acusados “abandonan voluntariamente” su postura, “ponen fin a sus actividades separatistas” y “toman medidas para mitigar o deshacer el daño, o prevenir la propagación del daño”, pueden ver sus casos desestimados.
En respuesta al anuncio de estas medidas, el Consejo de Asuntos Continentales de Taiwán, el organismo encargado de las relaciones con China, subrayó el viernes pasado que el Gobierno de Pekín “no tiene ninguna jurisdicción legal sobre Taiwán” y que las “supuestas leyes y regulaciones” del Partido Comunista chino (PCCh) no tienen “carácter vinculante” para sus ciudadanos, a los que pidió “permanecer tranquilos” ante las “amenazas” de China.
“(Las acciones del Gobierno chino) representan una provocación grosera y extremadamente incivilizada hacia todos los países del mundo que aman y apoyan la libertad y la democracia de Taiwán”, señaló el Consejo en un comunicado, en el que volvió a instar a los ciudadanos taiwaneses a “considerar cuidadosamente la necesidad de viajar a China” .