El caso del activista Marco Cappato, juzgado por haber acompañado a dos personas a morir a una clínica suiza, volverá al Constitucional por decisión de la jueza de Milán (norte) Sara Cipolla, que instruye su proceso, avanzan los medios.
Esta ha enviado a la Corte los documentos del juicio para que se pronuncie sobre la legitimidad constitucional del delito de "ayuda al suicidio", introducido en el Código Penal en 1930 (artículo 580) y que castiga instigar o facilitar este tipo de muerte.
Cappato ha hecho de la eutanasia una de sus batallas desde que en febrero de 2017 acompañó a morir en Suiza a Fabiano Antoniani, de 40 años y conocido como Dj Fabo, que quedó tetrapléjico y ciego tras un accidente de tráfico y deseaba quitarse la vida.
El activista y exponente del Partido Radical fue juzgado por este hecho hasta que en 2019 un tribunal de Milán lo absolvió.
Para ello fue clave una sentencia histórica del Constitucional de septiembre de 2019 que declaraba que ayudar a alguien a morir no siempre era punible si el enfermo sufría una patología irreversible "fuente de sufrimientos físicos y psicológicos intolerables".
En concreto, los magistrados determinaron que no es punible, bajo ciertas circunstancias, ayudar a morir a "un paciente mantenido vivo mediante tratamientos de soporte vital y que sufre de una patología irreversible, fuente de sufrimiento físico y psicológico que considera intolerable, pero que es totalmente capaz de tomar decisiones libres y conscientes".
La jueza de Milán quiere que ahora el Constitucional aclare mejor el requisito de "ser mantenido en vida artificialmente con tratamientos de soporte vital" citado en su veredicto.
Aquella sentencia trató de colmar un vacío legal, pero llamaba al Parlamento italiano a legislar al respecto, un tema que siempre ha suscitado gran controversia entre las corrientes políticas del país.
El fallo abrió las puertas al suicidio asistido, pero por el momento el Parlamento no ha aprobado ninguna ley, por lo que cada región ha tenido que actuar por su cuenta.
Por ejemplo Emilia-Romagna, bastión de la izquierda, lo ha regulado, aunque el Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni ha recurrido la medida, mientras que en la conservadora Véneto ha naufragado todo intento de legislarlo.
En diciembre de 2023 una mujer de 55 años de Trieste (norte) que padecía esclerosis múltiple secundaria progresiva fue la primera en acceder a un fármaco letal del Sistema Sanitario público italiano, según anunció la Asociación Luca Coscioni, que se bate por legalizar esta práctica.