Calcaterra solicitó clasificar sus pagos al gobierno kirchnerista como “aportes de campaña” en lugar de sobornos, lo que podría establecer un precedente de impunidad para otros empresarios involucrados en el caso.
“Hoy festejo mi cumple con esta nota sobre el atronador paso de la impunidad”, publicó este jueves en su cuenta de X el periodista Diego Cabot, quien inició la investigación para el diario La Nación en 2018, cuando una de sus fuentes le dio ocho cuadernos manuscritos por un chófer de uno de los funcionarios más importantes del Ministerio de Planificación Federal de Argentina, el más relevante en los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015).
Esas libretas contenían con detalle los movimientos que supuestamente el conductor Óscar Centeno realizó durante diez años para recolectar grandes sumas de dinero de poderosos empresarios para después entregarlas a altos funcionarios y favorecer así los contratos de obras públicas.
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Las entregas de dinero a los funcionarios pudieron ser corroboradas por las confesiones de poderosos empresarios que se presentaron a la Justicia como “arrepentidos”.
El fallo de Casación Penal, que fue conocido este miércoles, beneficia a Calcaterra, exdueño de la constructora Iecsa, y a Héctor Sánchez Caballero, exdirector de la firma, toda vez que considera que debe ser un juzgado “con competencia electoral quien debe continuar la investigación respecto a los hechos imputados”.
Los jueces fundamentan su decisión en el hecho de que Calcaterra señaló “reiteradamente” y “de manera consistente” desde su presentación espontánea como imputado colaborador que “el destino de los fondos señalados era el de aportes de las campañas de los años 2013 y 2015 para el partido político Frente para la Victoria”, una coalición creada y liderada por el Partido Justicialista (PJ) estrechamente asociada con el matrimonio de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
Para Cabot, “la Cámara de Casación acaba de abrir una puerta de salida a decenas de empresarios y funcionarios que reconocieron haber pagado dinero en negro a emisarios del Gobierno kirchnerista”.
“Solo que en vez de juzgarlos por corrupción, les permitirá que el mostrador que los atienda sea el de la justicia electoral” y “validar la argumentación de que son unos descuidados, que no pidieron recibo por el dinero que entregaron en bolsos y en efectivo”, agrega el periodista de investigación.
El proceso de ´cuadernos de las coimas´ se convirtió en una megacausa de corrupción, con un centenar de imputados entre funcionarios, exfuncionarios y empresarios, y abarca varios casos judiciales, la mayoría de los cuales ya han sido elevados a juicio oral.
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En esa causa está procesada Cristina Fernández, acusada de 27 hechos de coimas y de ser la jefa de una asociación ilícita.
El expediente matriz investiga un presunto sistema de recaudación ilegal en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal Nacional entre 2003 y 2015 vinculado a cuestiones energéticas, obra pública, civil y transporte, entre otras.
El caso ´Cuadernos´ fue elevado a juicio oral en septiembre de 2019.