En un comunicado, bajo el título "Esposados como delincuentes peligrosos", AI expone cómo los refugiados sudaneses son detenidos a la fuerza en el acceso fronterizo de Egipto y expulsados ilegalmente a Sudán, "en violación flagrante del derecho internacional".
Este informe recoge testimonios de 27 sudaneses que fueron detenidos sin motivo legal - siempre según AI- por las fuerzas policiales egipcias, apoyado con documentos oficiales y material audiovisual.
Datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) señalan que 3000 personas fueron deportadas desde la frontera egipcia de vuelta a Sudán solo en septiembre de 2023.
La directora del Programa Regional para Oriente Medio de AI, Sarah Hashash, calificó en la nota como "inconcebible" que los refugiados sudaneses, entre ellos niños, crucen la frontera buscando amparo y "sean detenidos en masa y recluidos a la fuerza en condiciones inhumanas".
También denunció las condiciones "deplorables" de los detenidos en los centros, que viven en condiciones de "hacinamiento, falta de acceso a baños, alimentación insuficiente y negación de atención sanitaria adecuada".
La organización destacó la necesidad proporcionar a los refugiados un paso seguro y digno hacia Egipto, sin restricciones de acceso a los procedimientos de asilo.
Hashash advirtió a la Unión Europea de poder ser cómplice de esta violación de los derechos humanos de Egipto si no toma cartas en el asunto, y recomienda a la entidad "presionar a las autoridades egipcias para que adopten medidas".
En octubre de 2022, la UE y Egipto firmaron un acuerdo de cooperación con valor de 80 millones de euros, con el fin de reforzar las Fuerzas de la Guardia de Fronteras egipcias para frenar la migración irregular y la trata de personas a través de la divisoria entre ambos países.
Se estima que alrededor de 500.000 sudaneses huyeron a Egipto desde que estalló el conflicto civil armado en la región, el 15 de abril de 2023.