En una audiencia previa celebrada en marzo los nueve magistrados de esa instancia de mayoría conservadora se habían mostrado ya reticentes a restringir su uso.
El Supremo tenía que examinar si fueron legales los cambios de normativa emprendidos en 2016 y 2021 por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) que hicieron que la píldora estuviera disponible por correo y pudiera ser recetada por un proveedor médico que no tenía que ser un médico.
La demanda había sido presentada por la Alianza para la Medicina Hipocrática, un grupo de médicos religiosos que en su manifiesto proclama que el aborto no constituye un "cuidado de la salud" e implica además "daños potenciales" para las mujeres.
La denuncia se presentó en 2022 en un tribunal de Texas y el juez Matthew J. Kacsmaryk, designado por el exmandatario Donald Trump (2017-2021) y abiertamente opuesto al aborto, emitió un fallo preliminar invalidando la aprobación del medicamento y retirándolo del mercado.
En agosto de 2023, un tribunal de apelaciones determinó que la mifepristona debía seguir siendo legal, pero impuso importantes restricciones a su acceso, lo que llevó el caso al Supremo.
El dictamen de este jueves llega poco antes de que el 24 de junio se cumpla el segundo aniversario de la revocación en esa misma corte de la sentencia Roe contra Wade, que eliminó la protección del aborto a nivel federal y dejó en manos de cada estado esa política.
"Seamos claros: los ataques al aborto con medicamentos son parte de la agenda extrema y peligrosa de los electos republicanos", recalcó el presidente estadounidense, Joe Biden, después de que el Supremo comunicara su decisión.
Para el mandatario demócrata, la decisión no cambia el hecho de que hay que seguir peleando por los derechos reproductivos, ni tampoco que hay embarazadas que están siendo rechazadas en urgencias, que se ven forzadas a ir a los tribunales para que se les preste un servicio recomendado por su médico u obligadas a viajar cientos de kilómetros para conseguirlo.
La mifepristona, autorizada por la FDA en 2000, es la primera pastilla que se toma en la interrupción del embarazo con medicamentos. Bloquea la progesterona, la hormona necesaria para que este continúe, y se combina con el misoprostol, que provoca contracciones uterinas, lo que hace que el cuerpo expulse el feto.
Numerosos estudios apuntan que la combinación de estas píldoras provoca un aborto completo en más del 99 % de las pacientes.
Según el Instituto Guttmacher, que analiza el estado de los derechos reproductivos, con las restricciones al aborto dictadas hace dos años la mifepristona se ha convertido en la única solución para miles de mujeres y se usa en el 63 % de los abortos.
El fiscal general estadounidense, Merrick Garland, se alegró este jueves de que su acceso en el mercado no haya sido modificado: "Pero nuestro trabajo no acaba hoy. El Departamento (de Justicia) seguirá trabajando sin descanso para proteger y avanzar las libertades reproductivas bajo la ley federal", dijo en un comunicado.
A la oleada de reacciones se sumó el Centro Nacional de Derechos de la Mujer, cuya presidenta, Fatima Goss, dijo estar aliviada pero ser consciente también de que los sistemas democráticos "están en peligro cuando los extremistas pueden impulsar casos sin fundamento y llenos de imprecisiones".
La decisión de este jueves, no obstante, no se pronunció sobre el fondo de la demanda, y se da en un Alto Tribunal dominado por magistrados conservadores.
El Supremo consideró que los querellantes no han sufrido un perjuicio suficiente como para poder demandar y rechazó este caso sobre el aborto, que se erige como uno de los temas principales de las elecciones presidenciales del próximo noviembre.