En una rueda de prensa, Adrianzén respondió, al ser consultado sobre una hipotética reelección presidencial, que en la Constitución de Perú "no está contemplada", pero que "no deja de ser algo que permanentemente está en la discusión y el diálogo".
El jefe del gabinete reiteró que Boluarte ha dicho que "va a gobernar hasta el 28 de julio de 2026, cumplirá su promesa y abandonará el cargo en esa fecha".
Sobre las críticas de que se ha convertido en el "escudero" de la mandataria frente a las denuncias en su contra, Adrianzén comentó que la jefa de Estado es "absolutamente auto suficiente y absolutamente convencida que, de todos los cargos, saldrá absuelta".
"Lo que hacemos (los ministros) es defender a una institución, que es la Presidencia de la República, que viene siendo atacada de manera sistemática desde organizaciones que solo pretenden generar el desprestigio, la desestabilización y el desgobierno", expresó.
Por otro lado, el exrepresentante de Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), el embajador Harold Forsyth, informó este miércoles, a una emisora local, que promueve denunciar a Boluarte ante la Corte Penal Internacional por presunta violación sistemática de los derechos humanos, a raíz de los 49 fallecidos en las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023.
Consultado sobre este tema, Adrianzén dijo que "cualquiera que tenga un mínimo conocimiento jurídico" sabe que no hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos en esas protestas.
"Además, pretender llevar a la Corte Penal Internacional a la presidenta por estos hechos no tiene ningún fundamento", afirmó el primer ministro peruano.
Añadió que se trató de un contexto de violencia generalizada, donde hubo quema de instituciones públicas y bloqueo de carreteras, entre otros incidentes.
Asimismo, recordó que Boluarte y los entonces ministros del Interior, investigados por presunto genocidio y otros delitos, han declarado ante la Fiscalía cada vez que han sido citados por esos hechos.
De otro lado, Adrianzén declaró que el canciller, Javier González Olaechea, convocará a los embajadores de la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá que manifestaron su preocupación por las modificaciones en una ley para fiscalizar los fondos extranjeros que reciben las organizaciones no gubernamentales que ejercen activismo político.
"Nos reconocemos como una república independiente, y debemos agregar que constitucionalmente poseemos las facultades para reglamentar las leyes, que incluye modificar el marco legal", manifestó el jefe del gabinete.
Sin embargo, subrayó que "no dejamos de reconocer la amistad con esos países y seguramente nuestro canciller, a su retorno (de un viaje oficial), sabrá convocarlos para reunirse con estos representantes".