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Entre los cambios aceptados se destaca el aumento de las regalías mineras para las provincias, pasando del 3% al 5%, y la elevación del mínimo no imponible en un 22% para la región patagónica en el impuesto a las ganancias, cuarta categoría, algo que las provincias venían reclamando, y que el Gobierno de Javier Milei se mostraba reticente a conceder.
El primer artículo, que declara la emergencia pública por un año en áreas administrativas, económicas, financieras y energéticas –otorgando al Ejecutivo poderes especiales– no sufrió modificaciones en esta última etapa. Sin embargo, en Diputados, esta prerrogativa presidencial se recortó de 11 emergencias a solo cuatro.
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Privatizaciones y excepciones solicitadas
Sobre las privatizaciones, el Gobierno argentino se oponía a habilitar modificaciones. Gobernadores patagónicos solicitaban exceptuar a Aerolíneas Argentinas, Correo y Radio y Televisión Argentina (RTA) de la liquidación. Finalmente, el Gobierno dio señales de estar dispuesto a excluir a Aerolíneas Argentinas para salvar el resto del paquete y avanzar con la ley.
Aunque estos fueron los últimos cambios que concedió la Casa Rosada, no implica que los textos se mantengan sin alteraciones hasta su sanción definitiva. Aún deben pasar por el filtro del pleno del Senado y el visto final de Diputados. Por ello, la votación en particular en la Cámara alta es un tema al que tanto Villarruel como el Poder Ejecutivo prestarán especial atención.
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El oficialismo argentino es consciente de que algunos artículos corren el riesgo de ser rechazados. La reimposición de Ganancias, la reconfiguración de la moratoria previsional y la facultad del Presidente para desregular administrativamente (prevista en el artículo 3°) son puntos que están en la cuerda floja.
Órganos públicos protegidos y derechos laborales
Se limitó la facultad del Poder Ejecutivo para intervenir organismos públicos. Se incorporaron 15 entes e institutos que no podrán disolverse, entre ellos: el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) y la Administración de Parques Nacionales (APN), entre otros. Además, se garantizó el financiamiento de los organismos incluidos en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030.
Se estableció que los agentes en licencia por enfermedad, accidente, embarazo o matrimonio no podrán ser puestos en disponibilidad hasta vencido el período de su licencia.
Aunque un sector de la UCR solicitó limitar el poder de los sindicatos, eliminando una cláusula que frenaba el cobro de cuotas solidarias sin consentimiento previo, esta cláusula fue finalmente descartada. Así, los gremios podrán seguir cobrando cuotas sin la necesaria autorización de los empleados no afiliados.
También se incluyó la “participación activa en bloqueos o tomas de establecimientos” como una grave injuria laboral y causal de extinción del contrato de trabajo.
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Cambios en la ley de inversiones mineras
Respecto a la jubilación y obra social, se mantiene un esquema diferente al vigente. Quien adhiera pagará un monto mínimo por jubilación y la obra social será optativa.
Además, se pretende modificar el artículo 22 de la ley 24.196, sobre inversiones mineras, para incrementar del 3% al 5% el tope de regalías percibidas por las provincias sobre el valor ‘boca mina’ del mineral extraído.