"Estos arrestos y detenciones arbitrarias, acoso judicial, físico y moral y procedimientos legales son parte de una tendencia represiva intensa y persistente contra defensores del medio ambiente y de los derechos humanos y contra las comunidades afectadas", señaló esta plataforma en un comunicado.
El Observatorio es una alianza entre la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT, en inglés).
Entre los activistas que sufrieron estas acciones de las autoridades, destaca Stephen Kwikiriza, cuya ONG, el Instituto de Gobernanza Medioambiental (EGI), informó de que no sabe nada de él desde que envío un mensaje a un compañero este 4 de junio diciendo que había sido detenido por militares ugandeses vestidos de civil.
"En el momento de la publicación de esta alerta urgente, no se ha recibido ningún otro mensaje y se desconocen el paradero y el estado del Sr Kwikiriza", señaló la plataforma.
El Observatorio destacó también el caso, por ejemplo, de los activistas Bob Barigye, Noah Katiiti, Newton Mwesigwa, Julius Byaruhanga, Desire Ndyamwesigwa, Raymond Binntukwanga y Jealousy Mugisha Mulimbwa, quienes fueron detenidos en la capital ugandesa, Kampala, el pasado 27 de mayo tras participar en una manifestación pacífica frente a la Embajada de China.
Aunque fueron puestos en libertad al día siguiente, todavía siguen bajo investigación y fianza policial, una medida que ha sido extendida hasta el próximo día 20.
Esta movilización formaba parte de una serie de protestas simultáneas organizadas en Uganda y en Tanzania por diferentes organizaciones de la sociedad civil contra la polémica construcción entre ambos países del conocido como Oleoducto de África Oriental (EACOP), que será el oleoducto de crudo calefactado más largo del mundo.
Solo dos días antes de la detención de esos siete activistas, 19 ONG pidieron al presidente chino, Xi Jinping, que retire su apoyo a la obra, después de que el jefe de Estado ugandés, Yoweri Museveni, asegurara el pasado mes de abril que contaba con el apoyo del gigante asiático.
Uno de los proyectos vinculados al oleodoucto, el del campo Kingfisher en la orilla ugandesa del lago Alberto, está operado y es parcialmente propiedad de la petrolera china China National Offshore Oil Corporation (CNOOC).
El Observatorio llamó a las autoridades ugandesas a "garantizar bajo cualquier circunstancia el derecho a la libertad de reunión pacífica y la libertad de expresión consagrados en el derecho internacional".
Con el objetivo de convertirse en un productor de petróleo, Uganda se ha embarcado en la construcción del macro-oleoducto de 1.450 kilómetros desde su territorio occidental hasta el puerto tanzano de Tanga, en el océano Índico, con la financiación de CNOOC y de la empresa francesa Total.
Ambas multinacionales se comprometieron a aportar 10.000 millones de dólares a la totalidad del proyecto que, además de la construcción, incluye aspectos como el transporte o la comercialización del crudo.
La tubería ha estado envuelta de polémica, con grupos de derechos humanos y ecologistas denunciando que atravesará importantes espacios naturales protegidos y que obligará a muchas familias a abandonar casas y cultivos.
Uganda aspira a exportar petróleo desde 2006, cuando un grupo de geólogos halló la cuarta mayor reserva de crudo de África subsahariana alrededor del lago Alberto, en la frontera con la República Democrática del Congo (RDC), y espera tener su oleoducto listo en 2025.