La CIJ advirtió de que “los valores fundamentales” y los “derechos” de los palestinos que la Convención “busca proteger” son de “tal naturaleza que el perjuicio a ellos es capaz de causar un daño irreparable” a esa población, y consideró que hay “urgencia” y “riesgo real e inminente” de que ocurra tal perjuicio, lo que obliga al tribunal a emitir medidas cautelares.
“Israel debe detener de inmediato su ofensiva militar, y cualquier otra acción en la gobernación de Rafah, que pueda imponer al grupo palestino en Gaza condiciones de vida que puedan llevar a su destrucción física total o parcial”, anunció el presidente de la CIJ, Nawaf Salam, quien leyó la decisión alcanzada por 13 votos a favor y dos en contra del total de 15 jueces.
Además, el tribunal ordenó a las autoridades israelíes “tomar medidas efectivas para asegurar el acceso sin impedimentos” a toda la Franja de “cualquier comisión de investigación, misión de determinación de hechos u otro organismo investigador” bajo órdenes de los órganos competentes de la ONU “para investigar las denuncias de genocidio”.
Asimismo, le exigió “mantener abiertos” los puntos de cruce terrestre, en particular el de Rafah, para “la provisión sin obstáculos y a gran escala de los servicios básicos y la asistencia humanitaria urgentemente necesarios” entre la población palestina de Gaza.
El tribunal también reafirmó las medidas que ordenó en las dos ocasiones anteriores, y recordó que ya había exigido a Israel "tomar medidas efectivas para prevenir la destrucción y asegurar la preservación de pruebas relacionadas con las acusaciones de actos” de genocidio en Gaza.
“La Corte también considera que la catastrófica situación en Gaza confirma la necesidad de la implementación inmediata y efectiva de las medidas indicadas en sus órdenes del 26 de enero y el 28 de marzo de 2024, que son aplicables en toda la Franja de Gaza, incluyendo Rafah”, señaló Salam.
Israel tendrá que presentar en el plazo de un mes un informe con las medidas puestas en marcha para cumplir con las órdenes anunciadas hoy por el tribunal.
“La Corte expresó su grave preocupación por el destino de los rehenes secuestrados durante el ataque en Israel el 7 de octubre de 2023 y retenidos desde entonces por Hamás y otros grupos armados, y pidió su liberación inmediata e incondicional. La Corte encuentra profundamente preocupante que muchos de estos rehenes permanezcan en cautiverio y reitera su llamamiento a su liberación inmediata e incondicional”, añadió la CIJ.
Es la tercera ocasión que el máximo tribunal de la ONU emite medidas cautelares contra Israel desde que Sudáfrica iniciara un procedimiento el 29 de diciembre por el que denunciaba al Estado hebreo por violación de la Convención sobre el Genocidio de 1948.
La oposición a las medidas llegó del juez israelí Aharon Barak, nombrado 'ad hoc' por Israel para tener representación en la CIJ, y la jueza Julia Sebutinde, de Uganda, que ha votado contra otras decisiones aprobadas por mayoría en la Corte en el contexto de la situación en Gaza.
Balkees Jarrah, director asociado de justicia internacional en Human Rights Watch, advirtió de que esta orden subraya “la gravedad de la situación que afrontan los palestinos” y urgió a los diferentes gobiernos a “utilizar su influencia, incluyendo embargos de armas y sanciones específicas para presionar a Israel a que cumpla urgentemente con las medidas de la Corte”.
Esta orden de la CIJ llega en la misma semana que el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), otro tribunal situado en La Haya, solicitó autorización para emitir órdenes de detención contra Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad en Gaza desde al menos el 8 de octubre.
En el caso del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), el fiscal Karim Khan también solicitó el arresto del líder de grupo, Yahya Sinwar; su buró político Ismail Haniyeh; y Mohammed Diab Ibrahim al Masri (Deif), jefe del ala militar de Hamas (Brigadas Al Qassam). Los acusa de los mismos crímenes, pero ambos en Israel y el Estado de Palestina, y desde el 7 de octubre.
No hay una fecha concreta para que la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI decida sobre las órdenes de arresto, y en base a casos anteriores, esto podría llevar desde días a meses.