"El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte no privatizará Petroperú", declaró Hinojosa durante una rueda de prensa convocada en el Palacio de Gobierno para tratar diversos temas de actualidad.
Con esta declaración, el Gobierno de Boluarte intenta cerrar la controversia que generó, desde el lunes, el comunicado del nuevo directorio de Petroperú, integrado por expertos designados por los ministerios de Economía, Energía y Minas, así como de los trabajadores de la compañía estatal.
Los sindicatos de trabajadores de la compañía, encargada del transporte, refinación, distribución y comercialización de combustibles y derivados del petróleo en el país, reclamaron la renuncia del directorio por haber planteado la privatización de Petroperú.
A través de un comunicado público, el directorio de Petroperú atribuyó la crisis financiera, que proyecta una reducción de ventas de 30 % respecto a 2022 y pérdidas superiores al 164 % de 2022, al fuerte endeudamiento para la construcción de la nueva refinería de Talara, que "casi triplicó su costo" en el tiempo.
En las actuales circunstancias de un Petroperú con gobernanza y gestión empresarial "expuesta a los usuales apetitos políticos, sería irresponsable y un acto de inmoralidad" solicitar mayor financiamiento del Estado, indicó el directorio.
El comunicado del directorio de Petroperú detalló que la empresa opera con un limitado crecimiento de ingresos y baja rentabilidad como lo demuestran las cifras de ventas proyectadas a 2024 de 3.977 millones de dólares (30 % menos que 2022), y de pérdidas de -716 millones de dólares (164 % más que en 2022).
El Ebitda (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) proyectado para este año es de 135.000 millones de dólares, "insuficiente para cubrir cualquier pago de deuda", agrega.
La compañía petrolera tiene además una pérdida de su posición competitiva al haber cedido cuota de mercado de 51 % a 25 %, y adolece de un alto grado de inestabilidad en la dirección y la gobernanza.
El motivo de la crisis financiera de Petroperú ha sido causado por las demoras, "casi siempre debidas a causas exógenas y/o políticas", a las de una eficiente gestión y que han generado un fuerte endeudamiento para la construcción de la refinería de Talara.
Asimismo, un largo proceso de arranque y estabilización no concluido de la refinería, que ha causado a su vez un nuevo impacto negativo financiero para 2024.
"La incertidumbre del proceso de estabilización de la refinería genera serias vulnerabilidades futuras a las finanzas, lo que llevaría al Estado a seguir capitalizándola", señaló el directorio.
Remarcó que las condiciones financieras de Petroperú requieren de las espaldas financieras de su accionista, que es el Estado peruano, que según los últimos cálculos están cifradas en 2.200 millones de dólares adicionales.