"Una treintena de personas encapuchadas entraron en el edificio sin presentar su documentación y trataron de arrancarme la cámara, que quedo destrozada en pedazos", declaró el cámara Hamdi Tlili, que fue agredido durante su arresto y transferido a la brigada anticriminal de El Gorjani (capital) antes de ser puesto en libertad tras la intervención del Sindicato Nacional de Periodistas (SNJT).
El equipo cubría una campaña de solidaridad a favor de la abogada Sonia Dahmani, que se refugió desde este viernes en la sede del organismo después de que un juez de instrucción ordenase su arresto por unas declaraciones irónicas sobre la situación económica del país.
En las imágenes compartidas por varios testigos se muestra como los agentes en civil y con pasamontañas detienen a Dahmani pese a la resistencia de sus compañeros y regresan hacia el equipo de periodistas para requisar el material de grabación.
Días antes, en una emisión televisada de Carthage+, la detenida preguntó sarcástica "¿de qué país extraordinario estamos hablando?", en respuesta a un invitado que afirmó que los miles de migrantes llegados de varios países del África subsahariana buscan instalarse en Túnez.
Dahmani anunció el jueves haberse negado a comparecer ante el juez de instrucción sin conocer el motivo de su convocatoria y denunció una campaña de acoso en las redes sociales acusándola de mostrar una imagen "degradante" del país.
Su comité defensa reveló que la Fiscalía le acusa en base al polémico decreto 54, decretado en 2022 por el presidente Kais Said, y que castiga la producción y difusión de rumores y noticias "falsas" con hasta cinco años de cárcel, diez si el afectado es un funcionario público.
Según el sindicato de la prensa, más de medio centenar de personas, entre ellas periodistas, abogados y opositores del mandatario- que se arrogó plenos poderes en julio de 2021 "para preservar la paz social"- han sido procesadas en el último año en base a este texto "liberticida".