La ley sobre controles fronterizos fue aprobada con 492 votos a favor, 33 en contra y 10 abstenciones, y la ley sobre usos policiales con 438 votos a favor, 35 en contra y 60 abstenciones.
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Las dos regulaciones aprobadas estipulan qué datos deben recopilar y transferir a las autoridades las aerolíneas, una información que complementa la que ya registran en aplicación del registro de nombres de pasajeros (PNR).
Esta información avanzada incluirá el nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, tipo de documento de viaje y número del mismo, asiento e información sobre el equipaje, así como ciertos datos relativos al vuelo en concreto, como el número de identificación, el código del aeropuerto o la hora de salida y llegada.
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En principio, solo se recopilarán datos de los vuelos que partan de fuera de la Unión Europea, aunque los Estados pueden incluir información de vuelos dentro del propio territorio comunitario si hay una necesidad específica por parte de los servicios de seguridad, en particular si existe una amenaza terrorista.
Las nuevas reglas permitirán a las autoridades cruzar estos datos con los del PNR - que incluye más información, como el itinerario de vuelo o sobre la reserva -, con lo que consideran que serán particularmente efectivas para identificar a viajeros de alto riesgo y confirmar patrones de viajes de personas sospechosas.
El PE aprueba nuevas normas para facilitar los controles
El objetivo es que las nuevas normativas faciliten las labores también a las autoridades de control de las fronteras, ya que podrán realizar controles antes de que los pasajeros aterricen y conservar los datos más tiempo del autorizado hasta ahora.
El acuerdo prevé que las aerolíneas y autoridades fronterizas solo puedan conservar los datos durante 48 horas y por otras 48 horas en casos en que el pasajero no se presente en un punto fronterizo cuando estaba previsto, por ejemplo.
Además, se ha excluido la información biométrica de los datos que tienen que registrarse y se han introducido disposiciones que prohíben hacer perfiles de individuos basándose en estos registros o en estadísticas derivadas de los mismos, de modo que no puedan generar discriminación por género, etnia, idioma, religión o discapacidad, entre otros.
Las regulaciones obligarán a registrar la información de modo automatizado y estandarizado y a transmitirla a un router centralizado desde el que se enviará a las autoridades relevantes, lo que mejorará la eficiencia y reducirá tanto los costes como el riesgo de errores, según el Consejo.
Una vez aprobadas a nivel político, las leyes se someterán a controles de juristas lingüistas antes de ser finalizadas mediante el procedimiento de corrección de errores tras las elecciones europeas del 6 al 9 de junio.
Una vez publicadas en el Diario Oficial de la UE, entrarán en vigor veinte días después.