En su informe anual sobre la situación de derechos humanos en el mundo, AI indicó que en el país "se seguían vulnerando los derechos de la infancia".
En ese sentido, la publicación detalló que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social registró el año pasado "8.900 alumbramientos de adolescentes de entre 15 y 19 años, de las que 593 eran indígenas, y 326 casos de alumbramientos de niñas de entre 10 y 14 años, de las que 85 eran indígenas".
También consignó que los registros del Ministerio de la Mujer en Paraguay dan cuenta de 45 feminicidios y 42 intentos de feminicidio en 2023.
"En algunos casos -agregó el documento-, las víctimas habían denunciado previamente a sus agresores, y se habían tomado medidas judiciales de protección".
Por otra parte, Amnistía Internacional advirtió que "las comunidades indígenas y campesinas se veían afectadas por los desalojos forzosos y la exposición a sustancias tóxicas".
Aludió, en concreto, a una denuncia de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) sobre el desalojo de la comunidad indígena Avá guaraní 15 de Enero, situada en el departamento de Caaguazú (este).
"Veinte familias, con 41 niños y niñas de corta edad, habían quedado sin hogar y vivían junto a la carretera, expuestas a otras violaciones de derechos humanos", detalló.
El informe añadió que "no se registraron avances en la constitución de una comisión —pese a que había sido establecida por ley— destinada a analizar los medios legales disponibles para la restitución de más de 8 millones de hectáreas de tierras destinadas a la reforma agraria y adjudicadas ilegalmente durante el régimen militar (de Alfredo Stroessner 1954-1989) a sus partidarios".
De igual forma, AI refirió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó el uso de la tortura por parte del Estado paraguayo en el caso del entonces inspector de policía Jorge Luis López Sosa, cuya detención, ocurrida en el año 2000, describió como "arbitraria".
Según AI, hubo además "denuncias de uso ilegal de la fuerza, detenciones arbitrarias y criminalización de la protesta social tras las elecciones generales" de abril de 2023, en las que se impuso el actual presidente, Santiago Peña.
Por otra parte, mencionó que la Justicia paraguaya rechazó cinco demandas promovidas por personas transgénero "para el reconocimiento jurídico de sus nombres conforme a su identidad de género".
En ese contexto, señaló que un tribunal de apelación anuló "la primera decisión que reconocía el cambio de identidad de Mariana Sepúlveda, mujer transgénero que había reclamado judicialmente ese reconocimiento en 2016".
Y cuando Paraguay y Brasil tienen previsto revisar un anexo del Tratado de Itaipú, firmado hace 50 años, AI apuntó que las negociaciones sobre la venta de la energía producida en esa represa binacional "no contemplaban mecanismos de participación ciudadana".