La Cámara de Casación Penal Federal II determinó en la noche del jueves que los atentados ejecutados en 1992 y 1994 que causaron más de cien muertos y centenares de heridos fueron ordenados por Irán, y señaló al movimiento chiita Hezbolá como el perpetrador.
“AMIA ha expresado que el expediente judicial acredita múltiples pruebas y contiene numerosas evidencias que permitieron establecer desde el comienzo de la investigación el rol de Irán y su activa participación en la decisión, organización y financiamiento del ataque terrorista”, sostuvo la mutual en un comunicado.
No obstante, la AMIA consideró “inaceptable que la legislación local continúe siendo la misma que en el momento en que se comenzó a investigar el ataque”, que destruyó su sede el 18 de julio de 1994 y dejó 85 muertos y más de 300 heridos.
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Dos años antes, el 17 de marzo de 1992, un ataque con bomba en la embajada de Israel causó 29 muertos y más de 200 heridos.
La institución consideró “fundamental el poder desarrollar como lo han hecho otros países víctimas del terrorismo internacional, un marco legal que permita mejorar las condiciones de investigación, inteligencia, prevención y castigo frente a la amenaza de organizaciones terroristas” .
En el comunicado, la AMIA rechazó la absolución dictada por la Cámara de Casación del argentino Carlos Telleldín, el primer detenido por el atentado, al recordar que la fiscalía lo acusó por haber sido partícipe y expresó que evalúa apelar la decisión ante la Corte Suprema.
Organización terrorista
Desde Jerusalén, el canciller israelí Israel Katz expresó su satisfacción por el fallo que determinó que los ataques son delitos de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles, y reveló que pidió a su homóloga argentina Diana Mondino que Argentina declare a los Guardianes de la Revolución de Irán como “organización terrorista” .
“Esa decisión será un paso importante para detener las agresiones iraníes. Es tiempo de detener a Irán”, sostuvo Katz
Irán ha negado siempre toda implicación en ambos atentados y ha rechazado la pretensión de la justicia argentina de interrogar al respecto a altos funcionarios de su gobierno.