Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso EFE, a la principal acusada se suman otros tres procesados, dos hombres que se enfrentan a 40 y a casi 26 años de cárcel y una mujer para la que la Fiscalía pide 11 años de prisión.
Los hechos se remontan a 2015 cuando la procesada captaba mujeres en Paraguay y, conociendo su precaria situación social y económica, les prometía un trabajo bien remunerado al llegar a España.
Una vez en España, las obligaba mediante engaño a ejercer la prostitución para que saldaran una deuda por el importe del viaje y los trámites para entrar en territorio español, de acuerdo a la Fiscalía.
La procesada no les permitía trabajar en ninguna labor, aprovechando su estancia irregular en el país, y se beneficiaba de que las víctimas no tenían cobertura social ni económica, según la acusación.
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Las víctimas debían hospedarse en uno de los dos domicilios que la principal acusada tenía en Almuñécar, en la provincia española de Granada (sur), y entregarle todo el dinero que recibían por ejercer la prostitución de forma continuada, sin descanso.
Además, tenía limitadas sus salidas y les había enseñado cómo actuar en caso de identificación policial para evitar problemas.
Según la Fiscalía, contó con la participación de los otros tres procesados, que se encargaban de amenazarlas.
Los delitos cometidos y la indemnización que piden
La Fiscalía califica los hechos como cinco delitos contra los derechos de ciudadanos extranjeros, otros cinco de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, cinco más de determinación coactiva a la prostitución, un delito de obstrucción a la justicia y otro de quebrantamiento de medida cautelar.
Además solicita que los acusados indemnicen con 39.000 euros a las víctimas por el daño moral causado y reclama también distintas prohibiciones de comunicación y acercamiento a las víctimas.