El expresidente de 69 años y con una cargada agenda judicial evitará su encarcelación, ya que el tribunal abrió la puerta a una alternativa durante los seis meses de obligado cumplimiento de la pena de un año impuesta.
En septiembre de 2021, la justicia ya lo había declarado culpable en primera instancia de superar el límite legal de los gastos de su campaña electoral y le impuso entonces un año de prisión firme.
Pero a diferencia de los otros acusados, el expresidente no ha sido acusado por el sistema de facturas falsas en sí, ideado para ocultar la explosión del gasto: casi 43 millones de euros (46 millones de dólares al cambio actual) frente al límite legal de 22,5 millones (24 millones de dólares) .
A doce antiguos responsables de su campaña, entre miembros de su entonces partido de derecha UMP —renombrado ahora Los Republicanos— o de la empresa Bygmalion, se les juzgó en apelación por complicidad en la “financiación ilegal de campaña”, pero también por fraude o abuso de confianza, entre otros.
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El caso salió a la luz dos años después de la campaña de la elección presidencial de 2012 —que perdió ante el socialista François Hollande— y sacudió a la formación derechista.
En 2025, el exmandatario conservador tiene otro proceso por las sospechas de financiación libia de su campaña electoral de 2007. Además, recurrió su condena a un año de prisión en un proceso sobre la corrupción de un alto magistrado.
Y, en octubre, Sarkozy, pareja de la cantante, actriz y modelo Carla Bruni, fue imputado en otro caso por una presunta manipulación de testigos.