Según la prensa brasileña, entre los objetivos del operativo están los exministros y generales del Ejército Walter Braga Netto, Augusto Heleno y Paulo Sérgio Nogueira, que integraron el gabinete de Bolsonaro (2019-2022), y el excomandante de la Marina, Almir Garnier Santos.
También está siendo objeto de búsquedas el exministro de Justicia Anderson Torres, quien ya era investigado por la asonada golpista del 8 de enero de 2023 que protagonizaron simpatizantes de Bolsonaro, y Valdemar Costa Neto, el presidente del Partido Liberal (PL), que lidera el exmandatario brasileño.
La Policía Federal sospecha que ese grupo de políticos y militares integraron una "organización criminal" que actuó "en la tentativa de golpe de Estado" para "mantener al entonces presidente de la República en el poder", según señaló la institución en una nota.
Los agentes cumplieron este jueves 33 órdenes de allanamiento, 4 de prisión y 48 medidas cautelares contra los investigados, que incluyen "la prohibición de mantener contacto" con el resto de sospechosos y de dejar el país; la suspensión de sus funciones públicas y la obligación de entregar el pasaporte.
La Policía Federal no especificó contra quiénes son las órdenes de prisión expedidas por la Corte Suprema.
La investigación apunta que el grupo investigado "se dividió en núcleos de actuación para diseminar" sospechas de fraude en las elecciones de 2022, en las que Lula venció a Bolsonaro, que buscaba la reelección, "antes incluso de la celebración de los comicios".
Según la Policía, con esa estrategia buscaban "legitimar una intervención militar".
Los investigados supuestamente construyeron una narrativa para sembrar dudas sobre el resultado de las elecciones por medio de informaciones falsas sobre las urnas electrónicas que el país usa desde 1996 en sus procesos electorales y que nunca dieron problemas.
De acuerdo con la Policía Federal, hubo un segundo núcleo de actuación que "consistió en la práctica de actos para subsidiar la abolición del Estado Democrático de Derecho, a través de un golpe de Estado, con apoyo de militares con conocimientos y tácticas de fuerzas especiales en un ambiente políticamente sensible".
Esos hechos culminaron con la asonada del 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores de Bolsonaro invadieron y destrozaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema, en un intento desesperado para derrocar al Gobierno de Lula, que había asumido el poder una semana antes.
Bolsonaro es investigado por este episodio por incitar a sus acólitos a tomar el poder por la fuerza.