“Todavía se está negociando y negociaremos hasta el último minuto para introducir cambios” en el texto, afirmó el partido Juntos por Cataluña (Junts per Catalunya) de Carles Puigdemont, en un comunicado.
“Si estos cambios no se aceptan, Junts no podrá votar a favor de la ley”, añadieron.
La amnistía era la condición innegociable impuesta por los partidos separatistas a cambio de su apoyo esencial a la reelección del presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, a mediados de noviembre.
Esta medida llevaría a los tribunales a retirar los cargos contra cientos de activistas y dirigentes independentistas por su implicación en el intento de secesión de Cataluña en 2017, una de las peores crisis políticas de la España contemporánea.
En primer lugar, beneficiaría a Puigdemont, que era presidente regional catalán en el momento de los hechos, y que podría así volver a España, más de seis años después de instalarse en Bélgica, eludiendo a la justicia española.
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Nuevos frentes judiciales
La sesión empezará a las 14H00 GMT y parecía que el texto iba a ser aprobado sin problemas, gracias al apoyo de los diputados socialistas, de extrema izquierda y de partidos catalanes y vascos.
Sin embargo, las dudas de última hora de Junts podrían frustrar su aprobación y devolver el proyecto de ley a una comisión parlamentaria, donde podría ser modificado.
Todo ello, después de que dos jueces pidieran el lunes prolongar la instrucción de dos casos que podrían salpicar a Puigdemont, uno por presunto terrorismo y otro por mantener supuestamente contactos con Rusia para conseguir apoyo a la independencia de Cataluña.
Los supuestos contactos con Moscú podrían costarle al líder independentista una imputación por “traición”, un cargo que no quedaría cubierto por la amnistía.
El segundo frente judicial que amenaza a Puigdemont es el de la misteriosa organización Tsunami Democrático, que convocó las diferentes protestas de 2019 contra las duras penas de prisión impuestas a dirigentes independentistas, y que incluyeron el bloqueo del aeropuerto de Barcelona.
En este caso, el juez Manuel García Castellón estima que Puigdemont es sospechoso de haber cometido delitos de “terrorismo” al dirigir esta organización en la sombra.
En respuesta, los socialistas ya se vieron obligados la semana pasada a ponerse de acuerdo con los independentistas en la redacción de una enmienda para que la ley de amnistía proteja a los separatistas acusados de terrorismo, a condición de que no cometieran “violaciones graves de derechos humanos”.
Aunque superase finalmente el primer obstáculo en el Congreso, a la medida le quedarían otros antes de su plena aplicación.
El Partido Popular (PP, conservador) , primer partido de la oposición, prometió hacer todo lo posible para ralentizar el paso del proyecto de ley por el Senado, donde dispone de mayoría absoluta.
Para ello, ya modificó el reglamento de la cámara y solicitará informes sobre el texto antes de enmendarlo, lo que obligará al Congreso de los Diputados a pronunciarse de nuevo para su aprobación definitiva.
El Gobierno “ha cambiado impunidad por poder”, y representa “la peor versión de la política” , lanzó el domingo el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una manifestación en el centro de Madrid contra esta amnistía a la que acudieron 45.000 personas.