A través de un decreto ejecutivo, Noboa dispuso que este trámite se sustente en la normativa vigente local e internacional, sea singularizado y que no se repatrien a colectivos.
El decreto ejecutivo 139 dispone que el SNAI “realice los procedimientos administrativos necesarios para la repatriación de personas extranjeras privadas de libertad por sentencia emitida en el Ecuador, a fin de que su sentencia sea ejecutada en el país de origen o nacionalidad”.
Dicho trámite debe observar “en todo momento lo previsto en la normativa constitucional y legal vigente, así como en los instrumentos internacionales aplicables”, se detalla en el decreto.
El decreto encargó la coordinación de las acciones necesarias a los ministerios de Relaciones Exteriores, de la Mujer y Derechos Humanos, del Interior y de Gobierno (Política).
Asimismo, estableció que "los procedimientos derivados de la ejecución del decreto serán adoptados respetando la normativa nacional e internacional en la materia".
E insistió en que "todo procedimiento será singularizado", caso por caso, al dar por "prohibida cualquier repatriación de colectivos".
Según el estatal Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la población carcelaria del país asciende a 31.321 personas distribuidas en los 36 Centros de Privación de Libertad que existen a nivel nacional.
De ese total, 3.245 presos son extranjeros, la mayoría (2.900) hombres, según el último censo penitenciario elaborado por el INEC. De acuerdo a Noboa, aproximadamente la mitad de ellos son colombianos.
Desde hace unos cuatro años, el sistema carcelario de Ecuador soporta una profunda crisis debido a, entre otros factores, hacinamiento, escasez de presupuestos y frecuentes matanzas entre bandas de delincuentes que se disputaban el control de las prisiones.
En esas masacres, ocurridas desde 2020, han muerto asesinados más de 450 presos por la disputa entre las bandas criminales al interior de las prisiones, en una espiral de violencia que también ha saltado a las calles.
A principios de este enero, Noboa, quien asumió el poder el pasado 23 de noviembre, decretó un estado de excepción a escala nacional y a día seguido firmó un decreto que admitía “un conflicto armado interno”.
Con ello, Noboa garantizó la intervención de las Fuerzas Armadas en operaciones conjuntas con la Policía para “neutralizar” a los grupos de delincuencia organizada que habían causado el caos y a los que identificó como “terroristas”.
La espiral del crimen en cárceles y calles de los últimos años llevó a que Ecuador sea ubicado el año pasado entre los países más violentos de América Latina y el mundo, con una tasa de alrededor de 45 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes.