El Ministerio palestino de Exteriores expresó "gran asombro por las medidas adoptadas por algunos países antes de que finalicen las investigaciones de las Naciones Unidas" y exigió que las "retiren inmediatamente de conformidad con la ley".
Israel acusa a una docena de trabajadores de la UNRWA de haber participado en el ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre, cuando estalló la guerra, que dejó unos 1.200 muertos y 250 secuestrados en duelo israelí.
Esto provocó que la UNRWA despidiera ayer al personal señalado y que iniciara una investigación.
Tras el despido de ese personal, Estados Unidos -principal socio de Israel-, Canadá, Italia y Australia suspendieron su financiación a la UNRWA, una institución clave para la supervivencia de los más de 1,9 millones de desplazados que ha dejado la guerra en la Franja de Gaza, en medio de una crisis humanitaria sin precedentes.
El Ministerio de Exteriores palestino estima que, aún si se confirma que algunos trabajadores de la UNRWA cooperaron con Hamás, "no se debe perjudicar" a la organización ni a sus misiones humanitarias.
"Cualquier falta por parte de algunos de los empleados de la UNRWA no refleja su política, las directivas e instrucciones de sus funcionarios, ni la credibilidad del trabajo al servicio de los refugiados palestinos", argumentó.
El ministerio palestino dijo que Israel realiza una "campaña sistemática de incitación contra la UNRWA", al mencionar el reciente ataque que sufrió un albergue de la agencia en la Franja de Gaza que dejó 13 muertos y 75 heridos.
El ministro israelí de Exteriores, Israel Katz, aseguró hoy que la UNRWA "obstruye la paz y sirve como brazo civil de Hamás en Gaza", y abogó por que la organización no sea parte del funcionamiento en la Franja una vez concluida la guerra.
El escándalo de la UNRWA estalló ayer, el mismo día que la corte Internacional de justicia de la ONU emitió un fallo en el que exigió a Israel evitar un genocidio contra los palestinos en Gaza y facilitar la entrada de ayuda humanitaria.
Esta imposición de medidas cautelares, que no incluyó un cese el fuego, obedece a una acusación por genocidio contra Israel -aún en curso- presentada en diciembre por Sudáfrica.