La explotación laboral y sexual de miles de personas en yacimientos ilegales con penosas condiciones de trabajo es uno de los aspectos centrales de un estudio publicado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) sobre rutas migratorias africanas hacia el Mediterráneo.
"Sin vías para una migración regular, muchas personas recurren al uso de contrabandistas para facilitar su viaje", señala Alexandre Schick, uno de los autores del informe.
"Muchos de ellos huyen de la guerra, la persecución, los desastres naturales o simplemente buscan un futuro mejor en otro país", añade el experto suizo.
Los traficantes de personas llegan a cobrar hasta 6.000 euros por un intento de cruzar el Mediterráneo hacia Europa desde el norte de África. La ruta atlántica hacia Canarias desde Mauritania es mucho más barata, aunque también más peligrosa, y el precio se sitúa sobre los 1.500 euros.
El destino soñado es llegar a Europa tras cruzar el Mediterráneo, pero parte de estos migrantes no llegan a ver el mar y acaban en "un infierno", tal como describe la ONU la situación.
La del Mediterráneo es conocida por ser una de las rutas migratorias más letales, con al menos 28.800 muertos o desaparecidos en los últimos diez años. Pero el estudio señala que es mucho menos conocida la explotación que sufren muchos migrantes antes de llegar siquiera a ver la costa.
Oro, esclavos, armas y droga
"Muchos de los que intentan cruzar el Mediterráneo nunca lo logran. Para aquellos que lo logran, a menudo hay consecuencias a largo plazo, ya que las redes criminales los extorsionan y explotan en el camino para tener sexo o realizar trabajos forzados", explica a EFE Ilias Chatzis, jefe de la sección de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes en la ONUDD.
El documento estima que unos 6.000 niños, la mayoría varones, son obligados a buscar oro en las minas de Mali en condiciones muy duras y peligrosas, "expuestos a abusos físicos, sexuales y psicológicos".
Muchos son refugiados, solicitantes de asilo o migrantes que pretendían trabajar por un período limitado para ahorrar o pagar el viaje a Europa, pero acaban sumidos en una situación de trabajo forzado.
Algo similar sucede en Agadez, en el centro de Níger, un país que es un importante punto de tránsito para quienes se desplazan desde el África subsahariana hacia el norte del continente.
La falta de control estatal sobre las minas en Níger, los altos beneficios, la impunidad y la gran afluencia de inmigrantes, brindan oportunidades para los criminales y crean un terreno fértil para todo tipo de explotación.
En Senegal, la región de Kédougou, en la zona sureste del país, fronteriza con Mali, vive un auge minero sin precedentes.
Los yacimientos resultan muy atractivos para grupos criminales tanto por el escaso control estatal como por su alta rentabilidad, y son un terreno fértil para diversos delitos, desde la explotación laboral y sexual, hasta el tráfico ilegal de armas, oro y un popular opioide en África Occidental, el tramadol.
La impunidad reinante, el miedo a represalias de los contrabandistas o incluso de las autoridades, que a veces son cómplices, hace que apenas haya denuncias de explotación.
"A menudo sólo nos fijamos en la última etapa del tráfico de personas, cuando los barcos cruzan el Mediterráneo. Sin embargo, el viaje muchas veces empieza mucho antes y tenemos flujos que parten del sur de Asia para llegar al Mediterráneo", explica Chatzis, que asegura que las víctimas proceden de países africanos y de Asia.
"Centrarse únicamente en la última etapa no capta la complejidad de las rutas migratorias y lo que sucede a lo largo de ellas", dice.
El estudio destaca también la relación entre el crimen organizado y grupos extremistas violentos en el Sahel y Libia, donde amplios espacios quedan fuera del control estatal.
En el norte de Malí, según el informe, los grupos armados participan en el negocio ilegal del contrabando de migrantes no solo proporcionando protección, sino también imponiendo un derecho de paso a los convoyes.
En Malí, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) señala la implicación de contrabandistas en redes criminales lideradas por grupos armados que participan en extorsiones, secuestros, trabajo forzado y explotación de migrantes.