En una conferencia de prensa, el jefe de la diplomacia paraguaya expresó que la decisión de la Administración del presidente Santiago Peña es de "avanzar" en "coordinar interinstitucionalmente" la discusión del acuerdo con la UE.
En ese sentido, anticipó que convocarán "próximamente al sector privado, a los gremios de la industria, el comercio, la producción" para abordar la negociación en curso, en el entendido de que serán ellos los "beneficiarios" del tratado.
Ramírez, quien se reunió en este viernes con sus colegas de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, e Industria y Comercio, Javier Giménez, entre otros funcionarios, destacó que las instituciones relacionadas con este tema están "trabajando de una manera coordinada y conjunta".
En todo caso, admitió que aún "hay más trabajo por hacer dentro del Gobierno" antes de discutir con el sector privado.
En específico -y ante una consulta de la prensa-, mencionó como un tema "absolutamente importante" de las discusiones gubernamentales la posibilidad de que unos 40.000 pequeños productores no puedan cumplir con las exigencias europeas.
Según el jefe de la diplomacia paraguaya, el bloque europeo está proponiendo colaborar con el país para adoptar "los instrumentos de trazabilidad sobre la producción" y "el cumplimiento de la normativas europeas para el ingreso a ese mercado internacional".
"Paraguay debe ir preparándose para cumplir con las exigencias del mercado internacional, siempre protegiendo el interés de nuestro sistema productivo, nuestra competitividad y nuestra sociedad", complementó Ramírez, al sentar la posición del país sudamericano, y consideró, de igual forma, "prematuro decir que están en juego la soberanía paraguaya".
El canciller confirmó que Paraguay -al igual que sus socios del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y el recién incorporado Bolivia)- deberá cumplir con el "Reglamento (UE) 2023/1115" del Parlamento Europeo, que fija las condiciones para la comercialización en ese mercado y la exportación de materias primas y productos asociados a la deforestación y la degradación forestal.
"Necesitamos trabajar las condiciones y las nuevas exigencias que tiene la Unión Europea", agregó el diplomático, y aclaró que con ello de "ninguna manera" supone una "concesión de soberanía".
Ratificó que están trabajando de manera "responsable" y "transparente" para "contener" y "responder a todas las preocupaciones del sector productivo".
En la víspera de la reunión de cancilleres del Mercosur celebrada este miércoles en Asunción, el presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo, criticó en una entrevista con EFE la exigencia medioambiental de la UE.
Cristaldo cuestionó, en específico, que se quiera "generar procedimientos administrativos internos de cada país", así como "introducir las exigencias de su ley, de su territorio", por encima de las normativas locales.
En concreto, el dirigente expresó su malestar por exigencias como la georreferenciación de los terrenos, así como las trabas al cambio del uso del suelo, que, en palabras del dirigente, está permitido por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible del país y el Instituto Forestal Nacional (Infona).