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El miércoles 10, en la ciudad de Balneario Camboriú, se aprobó una ley que establece una sanción económica de R$ 411,93 (unos G. 630.000 al cambio actual) a cualquier persona que posea, adquiera, almacene, transporte o lleve consigo sustancias ilícitas, específicamente para consumo personal, en áreas urbanas tales como calles, plazas, instalaciones deportivas, edificios gubernamentales y aparcamientos a cielo abierto.
Esta multa podría ascender al doble, alcanzando los R$ 823,86 (aproximadamente G. 1.260.500), si se trata de un infractor reincidente o si se le encuentra portando drogas en las inmediaciones de ciertos tipos de establecimientos sensibles como escuelas, hospitales y salas de espectáculos. Incluidas en las zonas vigiladas están las playas de la municipalidad.
Según el texto de la ley, la aplicación de esta norma se realizará en paralelo a cualquier medida de carácter penal que correspondiera, informó Folha de Brasil.
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Urgencia y procedimiento de aprobación
El alcalde Fabrício de Oliveira (PL) presentó con urgencia el proyecto de ley el día 9. Menos de un día después, el proyecto fue aprobado en una sesión extraordinaria, recibiendo el apoyo unánime de los concejales presentes. El siguiente paso para esta legislación es la sanción gubernamental.
Para garantizar la observancia de la nueva normativa, el documento propone que hasta 70 guardias municipales ejerzan la función remunerada de “fiscal de posturas”. En caso de que 50 de ellos ejerzan tal función, el gasto anual estimado sería de R$ 523.855,67 (G. 801.500.000).
Proceso ante el incumplimiento
Los fiscales asignados, al encontrar a una persona en posesión de una sustancia presuntamente narcótica, deben emitir una multa provisional, incautar las drogas y someterlas a análisis.
De confirmarse su ilegalidad, la sanción se hará definitiva y el infractor tendría un plazo de 30 días para cubrir la penalización o presentar una defensa.
La legislación propone la creación de una “Junta Administrativa de Juzgamiento de Defensa de Auto de Infracción por Uso de Drogas Ilícitas”, compuesta por miembros de distintas fuerzas del orden y fiscales, que se reunirían cada quince días.
Si el sujeto multado decide someterse voluntariamente a un tratamiento contra la adicción, el proceso administrativo se pausa y la multa se anula. Los ingresos generados por las multas serán destinados a programas de prevención de drogas o a entidades asociadas.
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Contexto legal y precedentes
El proyecto, a pesar de su rápida tramitación, viene acompañado de un dictamen legal municipal que avala su viabilidad. Según este, aunque no ha sido aún debatida por tribunales superiores, existe jurisprudencia que faculta a los municipios para legislar en el área de salud y bienestar social, así como en la lucha contra la pobreza y la marginalización.