En un pronunciamiento publicado en X, antes Twitter, los miembros del poder legislativo ecuatoriano dijeron a los ciudadanos que están trabajando "en unidad, sin importar las diferentes corrientes políticas e ideológicas", en respuesta a los ataques perpetrados este martes en varias ciudades simultáneamente por grupos criminales que el Gobierno de Daniel Noboa ha declarado "terroristas".
Después de una oleada de motines carcelarios, al menos ocho personas murieron y dos resultaron heridos en los ataques de la delincuencia organizada registrados en Guayaquil, la capital económica y la ciudad más poblada de Ecuador, donde, además, un grupo de encapuchados armados tomó el martes los estudios de un canal de televisión y mantuvo como rehenes a sus empleados.
Los legisladores respaldaron en su pronunciamiento las acciones emprendidas por el Gobierno para restablecer la paz y el orden y pidieron que se determine quienes son los responsables de las fugas carcelarias y se los sancione con "el máximo rigor de la ley".
También señalan que han dado máxima prioridad en la agenda parlamentaria a la aprobación de las normas en materia de seguridad que se encuentran en trámite, entre ellas la unificación de 41 proyectos de la reforma del COIP (Código Orgánico Integral Penal) que será debatida en los próximos días en el pleno de la Asamblea Nacional.
"La situación actual exige colaboración y cohesión. Estamos comprometidos en abordar este desafío con responsabilidad y de manera conjunta", señalan los legisladores de todas las fuerzas políticas representadas en la Asamblea.
Así mismo, subrayan, "en el ejercicio del control político, actuaremos con oportunidad y prudencia. Entendemos la coyuntura actual y no obstaculizaremos las funciones de ninguna autoridad pública, manteniendo siempre el respeto a la institucionalidad durante este estado de excepción".
Un día después de imponer un toque de queda nocturno, el presidente Noboa, quien asumió el cargo hace dos meses, declaró este martes el estado de excepción ante la existencia de un “conflicto armado interno” en el país, lo que implica el despliegue y la intervención de las fuerzas de seguridad contra el crimen organizado.
Además, declaró terroristas a 22 grupos de delincuencia organizada y ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizarlos.