"Procesamos escena de homicidio en el barrio Santa Anita, San Salvador, en un hecho que ha dejado 4 personas fallecidas", publicó el cuerpo de seguridad en X (antes Twitter).
Indicó que "la versión preliminar indica que 5 (personas) estaban departiendo y, tras una discusión, uno de los sujetos sacó su arma de fuego y le disparó a los otros".
Las autoridades no han brindado información sobre la identidad del supuesto responsable, si se han realizado capturas o si pertenece o no a un grupo criminal.
Por su parte, la Cruz Verde Salvadoreña informó que "socorristas brindan asistencia a familiares quienes presentan crisis nerviosa".
A inicios de diciembre, la PNC afirmó que el país registraba al menos 500 días sin homicidios desde que llegó al Gobierno Nayib Bukele en junio de 2019.
El Gobierno atribuye a un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, que suspende derechos constitucionales, y al plan gubernamental de seguridad una disminución de los homicidios.
De acuerdo con la PNC, la tasa de homicidios se situó al menos hasta septiembre entre 2,3 y 2,4 por cada 100.000 habitantes, frente a tasas como la de 2015, que superaban las 100 muertes violentas por cada 100.000 habitantes.
Sin embargo, organizaciones humanitarias ponen en duda los datos oficiales, como el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH), que en marzo pasado dijo que la cifra de homicidios de 2022 dada por el Gobierno "no es veraz".
Indicó que el dato de 495 muertes violentas de 2022 "no incluye las osamentas humanas localizadas ni las muertes de presuntos pandilleros" ocurridas en enfrentamientos armados con la PNC y otros hechos de violencia, que en gobiernos anteriores sí se tomaban como homicidios.
En El Salvador se ha atribuido al actuar de la pandillas o maras la mayoría de hechos violentos, como la ola de asesinatos de marzo de 2022 que llevó al Congreso a suspender garantías constitucionales, medida que ha dejado más de 74.000 detenciones.
Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro Administraciones.