El Tribunal Regional Federal confirmó la aceptación del pedido del Ministerio Público (fiscalía) contra Diego Dirisio y su pareja, Julieta Nardi, dueños de una empresa que está en el centro de la trama y tenía su sede en Asunción, la capital de Paraguay.
El Ministerio Público ya había detallado en un comunicado que "el foco de la investigación recae en la empresa International Auto Supply, con sede en Asunción", cuyo presidente Dirisio y su pareja figuran ahora en la lista roja de buscados por la Interpol.
Los argentinos “son señalados como líderes de la red criminal” por parte de la fiscalía paraguaya, que ya vinculó en la trama a algunos militares de alto escalón, y en Brasil son considerados ahora “prófugos” de la Justicia, de acuerdo con el Tribunal de Bahía.
De acuerdo con la Policía Federal brasileña, la empresa movió durante tres años mercancía por un valor de 1.200 millones de reales (unos 245.9 millones de dólares).
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El pedido de la fiscalía brasileña partió de una operación a comienzos de este mes, en el que la Policía Federal cumplió 25 órdenes judiciales de prisión preventiva, seis de prisión temporal y otras 54 de allanamiento en cinco estados de Brasil.
El operativo se extendió a Paraguay y Estados Unidos, según informaron en su momento las autoridades brasileñas.
De acuerdo con la información, en Paraguay se raspaba el número de identificación de las armas, que incluían fusiles y pistolas y que eran importadas de varios países europeos, entre ellos Croacia, Turquía, la República Checa y Eslovenia.
Después, las armas eran revendidas a grupos que actúan en la frontera entre Paraguay y Brasil y estos, a su vez, se las ofrecían a los principales grupos criminales brasileños.