La vigésimo octava cumbre del clima de la ONU, considerada por algunos grupos ecologistas como “la más importante desde la COP21 de París”, arrancará en una semana en la ciudad emiratí de Dubái en medio de un contexto de severa tensión geopolítica y de falta de confianza en los compromisos de los gobiernos.
Los expertos en diplomacia climática consideran esta cumbre especialmente relevante para “corregir la dirección” de la acción climática actual, que según puso de manifiesto el Balance Global -un informe de la ONU publicado en septiembre- está muy por detrás de lo que sería necesario para no traspasar el umbral de seguridad que marca la ciencia: el aumento de temperatura de 1,5 °C desde la era preindustrial.
Entre los temas que se negociarán en la COP28 tendrá un papel protagonista el documento en el que los países tracen su respuesta a ese Balance Global, una hoja de ruta para elevar la ambición respecto a la mitigación del cambio climático: acelerar la descarbonización de la economía para rebajar las emisiones por un lado y, por otro, multiplicar la capacidad natural del planeta de atrapar el CO2 que ya se ha emitido.
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En esta respuesta al Balance Global, algo clave será si los países prometen abandonar progresivamente los combustibles fósiles más sucios –y cómo se esbozaría tal propuesta– con una mención explícita en el documento, como piden los pequeños estados insulares o la Unión Europea, bloques que han asumido el liderazgo en las conversaciones climáticas.
Los analistas consultados por EFE, observadores en todo el proceso de negociación climática, encuentran tensiones en varios aspectos: uno de ellos es si el documento debe instar a los países a que los próximos compromisos determinados a nivel nacional sean más contundentes y ambiciosos, algo que por ejemplo no apoyan los países en desarrollo afines ("like-minded"), un grupo que incluye a China y a India, entre otros.
Otra disputa importante está en torno a si los objetivos de ese documento deberían ser sectoriales, algo que rechazan Arabia Saudí y Rusia, entre otros, mientras que Brasil no se opone mientras que haya primero más compromiso en cuanto a financiación por parte de las economías más ricas (que son los mayores emisores).
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El asunto que vertebra estas negociaciones -como las anteriores, pero más a medida que se agranda una fractura entre el Norte y el Sur Global- es el concepto de equidad o de justicia climática internacional.
Los países en desarrollo reivindican el principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”, y esperan de la COP28 que los estados ricos reconozcan de manera firme que no han estado a la altura de lo que exige su responsabilidad como mayores culpables históricos del calentamiento.
Así, uno de los principales puntos que se negociarán es la financiación: los países del Sur Global –que apenas han contribuido al calentamiento pero son los primeros en sufrir las consecuencias– quieren ver más dinero sobre la mesa para poder transitar hacia economías neutras en carbono, y exigirán que los países desarrollados destinen más de 100.000 millones de dólares anuales a apoyar esa transición.
En paralelo, pedirán que se duplique el objetivo global de adaptación, la cantidad de dinero que los países ricos deberían aportar para ayudar a los estados más vulnerables a resistir los impactos climáticos que ya son inevitables.
Una cumbre más, buena parte de las discusiones girará en torno al concepto de “pérdidas y daños”, el octavo capítulo del Acuerdo de París que hace referencia a la “factura del clima” que va creciendo a medida que se agravan las consecuencias del calentamiento global.
La disputa, en esencia, consiste en determinar quién debe asumir los costes económicos que ya están sufriendo los mayores afectados por la crisis climática, como los pequeños estados insulares en desarrollo, entre otros.
En la COP27 de Sharm el Sheij, en noviembre de 2022, los países respondieron a la demanda histórica del Sur Global de crear un fondo de pérdidas y daños para ayudar a pagar esa factura climática.
De este fondo, que aún está vacío, queda precisar oficialmente dónde se aloja –los países en desarrollo se oponen a que sea el Banco Mundial, por miedo a que perpetúe el “colonialismo financiero” que les ahoga con más deuda–, quién debe contribuir y bajo qué condiciones, entre otros puntos.