"Hay ataques contra los derechos sindicales, contra los acuerdos y contra la credibilidad de las negociaciones. Esto constituye la base de nuestra disputa con el poder ejecutivo", defendió el secretario general de la UGTT, Noureddine Taboubi, que aseguró apoyar la rendición de cuentas siempre que se garantice un juicio justo aunque los detenidos "han sido víctimas de injusticias".
El objetivo de estos arrestos, explicó, es "ocultar" cuestiones fundamentales para la ciudadanía como la penuria de productos alimenticios, el alza de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo.
Desde febrero las autoridades han detenido a una decena de sindicalistas, incluido el secretario general de la sección de autopistas, Anis Kaabi, por "haber provocado pérdidas financieras" a la compañía estatal tras convocar una huelga nacional.
Poco antes, el presidente Kais Said- que se arrogó plenos poderes en julio de 2021- pidió a las fuerzas de seguridad tomar medidas contra quienes "conspiran" contra la seguridad nacional o las empresas públicas.
En febrero el Gobierno expulsó a la secretaria general de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), Esther Lynch, declarada "persona non grata" por participar en una manifestación sindical y, un mes más tarde, impidió la entrada de una delegación de la Confederación Sindical Internacional (CSI) acusada de injerencia.
La UGTT, que dice contar con un millón de afiliados y jugó un importante papel durante la revolución popular de 2011, respaldó inicialmente al mandatario pero se distanció de éste después de que ratificase una nueva constitución- aprobada en referendo pese a una abstención del 70% del electorado- que instaura un régimen ultrapresidencialista.
La central sindical reprocha a Said la toma de decisiones de manera unilateral y su principal punto de fricción es la opacidad en torno a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), suspendidas desde finales de 2022, para un préstamo de 1.900 millones de dólares; lo que supondría reformas austeras como la retirada de subvenciones públicas, la privatización de empresas estatales y la reducción de la masa salarial en la Administración.