"El texto aprobado constituye un grave retroceso en materia de derechos humanos y vulnera normas expresas contempladas en distintos tratados internacionales de derechos humanos que el Estado de Chile ha suscrito", señala la misiva.
Entre los temas que preocupan a la ONG, destaca principalmente el derecho a la salud ya que el nuevo texto constitucional establece un enfoque "con mayores restricciones y obstáculos para el Estado a la hora de limitar la propiedad privada y la libertad económica, lo que reduce los derechos sociales a meras elecciones y los subordina al funcionamiento del mercado y al afán de lucro de los proveedores de servicios".
La CCHDDHH solicitó al alto funcionario de Naciones Unidas remitir su denuncia al Comité de Derechos Humanos de la ONU "órgano especializado encargado de supervigilar y monitorear el debido cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados Parte, para que -en uso de sus atribuciones y competencia-, la tramite como denuncia o comunicación individual según el procedimiento establecido".
La propuesta de nueva Carta Magna fue elaborada durante cinco meses por un órgano de 50 miembros elegidos en las urnas, donde el ultraderechista Partido Republicano (22 escaños) y la derecha tradicional agrupada en la coalición Chile Vamos (11) hicieron valer su contundente mayoría para incluir artículos que han sido criticados desde varios sectores por suponer "retrocesos" respecto a la Constitución actual, heredada de la dictadura militar (1973-1990).
Entre las cláusulas más polémicas destacan "el derecho a la vida de quien está por nacer" -una norma que el oficialismo teme que colisione con la aplicación de la ley que permite el aborto en varios supuestos-, la expulsión inmediata de los migrantes que ingresen por pasos no habilitados o la exención tributaria de la primera vivienda, que beneficia a las personas de mayores ingresos.
Para los defensores, en cambio, la propuesta garantiza "libertad" y "seguridad" y da "certezas económicas y jurídicas" al país.
Si el texto finalmente se rechaza en diciembre seguirá vigente la actual carta fundamental, heredada de la dictadura (1973-1990) y reformada en democracia.
El primer proceso concluyó en septiembre de 2022 con un contundente rechazo del electorado a un proyecto que, a diferencia de ahora, fue escrito por una convención de mayoría izquierdista.